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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó, en reciente informe, el “Cierre del Espacio Cívico de Nicaragua”, que analiza esta situación y, principalmente, el empleado a través de la cancelación de la personería jurídica y disolución forzada de organizaciones de la sociedad civil.
El informe parte de la “crisis de derechos humanos que inició en abril de 2018”, dice la CIDH, tras explicar sobre la “implementación de una estrategia estatal represiva” que suspende de facto derechos y libertades fundamentales relacionadas al espacio cívico.
“El espacio cívico y su relación con la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos ha adquirido en los últimos años mayor relevancia en el derecho internacional de los derechos humanos”, afirma la CIDH. “En especial, frente a tendencias observadas en la región y en el mundo que buscan restringir a individuos y grupos de expresar sus opiniones, asociarse libremente, crear asociaciones o participar en la toma de decisiones en sistemas democráticos”, indicó la CIDH.
La CIDH reiteró que ha “observado” la promulgación de leyes e iniciativas que tiene como efecto la restricción del derecho a asociarse de la sociedad civil y negar la libertad de expresión, de participación en asuntos públicos, la reunión pacífica.
Lo anterior es considerado un “debilitamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos”, así como la institucionalidad democrática al socavar el principio de separación de poderes del Estado. Este aspecto puede apreciarse también El Salvador. “El contexto de Nicaragua constituye uno de los casos más graves observados en la región. Este informe de la CIDH, aborda por primera vez, el concepto de espacio cívico y el marco de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua”, acota la entidad regional.
“Así como los estándares del sistema interamericano relacionados con el conjunto de condiciones y garantías necesarias para que las personas y las organizaciones de la sociedad civil puedan participar activa y libremente en la vida democrática de la sociedad”, observó la CIDH.
La CIDH también señaló que la determinación respecto a la apertura del espacios cívico, dependerá de las condiciones jurídicas y las “circunstancias fácticas” que favorecen o restringen el ejercicio de estos derechos violentados a personas o grupos sociales.
“Sobre el derecho a la libertad de asociación como parte del espacio cívico, enfatizamos que éste potencializa el papel de las personas y las comunidades históricamente discriminadas en la integración de sus voces, valores, perspectivas y reivindicaciones”, manifestó.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) advirtieron que en Nicaragua no existen garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión, ni las condiciones que hacen posible la efectiva participación cívica en asuntos de interés público.
El “cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua”, que incluyó restricciones a la libertad de religión, prohibición de celebraciones religiosas, criminalización de servicios religiosos y el cierre de medios de comunicación o la confiscación de bienes y cuentas bancarias con la expulsión de órdenes religiosas son hechos de represión y represalia, enumeró la CIDH.
“La CIDH hace un llamado al Estado de Nicaragua a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales”, solicitó el organismo regional pro Derechos Humanos.
