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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Las agresiones y violencias contra mujeres periodistas no ha iniciado con el gobierno del presidente Bukele, pero sí se ha intensificado, como parte de una práctica estatal. No son hechos aislados”, expresó Leonor Arteaga, directora del Programa Impunidad y Graves Violaciones a Derechos Humanos del DPFL.
“Esto tiene un efecto silenciador y de intimidación contra las mujeres periodistas específicamente, pero también contra todas las mujeres que quieran alzar su voz”, añadió en referencia a la presentación del Informe sobre Desafíos y Patrones de Violencia contra Mujeres Periodistas en El Salvador.
El nuevo informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF/Due Process of Law Foundation), señala que existe en el país un patrón de violencia a mujeres periodistas en la que se caracteriza: el acoso digital, ciberataques, estigmatización y mensajes de odio en razón a su género, y amenazas con componentes sexuales.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) es una organización regional que la integran profesionales de diversas nacionalidades, que tienen el mandato de promover el Estado de Derechos en América Latina, aportando análisis y propuestas, la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, con el intercambio de experiencias y las acciones de cabildeo e incidencia (www.dplf.org).
En el documento “Mujeres Periodistas en Primera Línea: Desafíos para la Libertad de Prensa en El Salvador”, se realiza un análisis de las formas específicas de abusos y ataques que experimentan mujeres periodistas salvadoreñas, las que a su vez, afectan los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, como las libertades de pensamiento y opinión desde el derecho nacional e internacional.
“Las mujeres periodistas enfrentan con frecuencia intentos de ridiculización y calificativos que cuestionan su inteligencia y capacidad”, cita el informe, en donde las estadísticas de agresiones a periodistas se ha cuadruplicado, en este último quinquenio, que evidencia el aumento de los riesgos que las mujeres periodistas enfrentan a partir de la administración del presidente Nayib Bukele.
En cuanto a los registros del año 2019 la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) detalló de 77 hechos de agresión contra periodistas y en el 2020 estas cifras aumentaron a 125 casos, de los cuales el 20% de estos fueron dirigidos hacia mujeres, y un año más tarde en 2021 la situación se convirtió en “alarmante” al confirmar 205 denuncias, de las cuales el 32% correspondió a víctimas mujeres y personas LGBTIQ. En su mayoría, son instancias estatales y funcionarios del Estado los denunciados como agresores, quienes utilizan la “estigmatización” para intimidar, agredir y el acoso digital. Arteaga consideró que “las mujeres periodistas en El Salvador están experimentando niveles de hostilidad que no se veían desde la guerra civil, en la década de 1980”.
Mientras, en el plano regional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al conocer de estos hechos, ha expresado su “preocupación”, no solo por las denuncias, sino y sobre el crecimiento de este ambiente hostil para el ejercicio de la liberad de expresión en El Salvador, que consideraron afecta especialmente a las y los periodistas independientes.
La CIDH emitió una serie de consideraciones las que fueron vertidas en su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en El Salvador, en donde destacó el “recurrente discurso descalificativo y estigmatizante que se promueve desde el gobierno”.
Así también, en la Audiencia temática celebrada por la CIDH sobre libertad de expresión en El Salvador, en diciembre 2020, su relator especial sobre Libertad de Expresión, Pedro Vaca, que escuchó al Estado y al gremio periodístico, sobre la situación en el país, en su informe recomendó al Estado salvadoreño, no atacar a voces críticas.
“Cuando asumimos que la voz del Gobierno es la voz correcta, estamos ante síntomas muy graves del deterioro de la deliberación pública”, dijo.
“La voz del Estado es importante, pero no es la única y la prensa es un gran catalizador democrático”, refirió Pedro Vaca, en su informe (CIDH 2020).
Entre sus conclusiones, la Fundación para el Debido Proceso mencionó que la violencia actual contra las periodistas de El Salvador forma parte de la “violencia estructural de género” que históricamente han experimentado estas mujeres a lo largo de sus estudios y su carrera profesional.
La que también se centra en su imagen física, que les obliga a sumir ciertos esteriotipos de roles de género que sumado a ello, constituye violencia simbólica y coarta la libertad del ejercicio periodístico al dificultar el acceso a la temáticas asociadas tradicionalmente a los hombres y a cargos de poder en los medios de comunicación, señaló el informe en sus valoraciones.
La DPLF consideró que si bien El Salvador cuenta con diferentes marcos normativos que protegen los derechos de las mujeres contra la violencia, aún no se cuenta con un “marco jurídico específico” para dar protección contra la discriminación y violencia hacia las mujeres periodistas.
Y concluye, en la importancia de adoptar mecanismos específicos para combatir las violencias con un enfoque “diferenciado de género” que enfrentan las mujeres en el ejercicio de la labor periodística respecto de sus pares masculinos.
Del mismo modo, señalan y recomiendan al Estado salvadoreño “aceptar la petición de la CIDH para una visita oficial del Equipo de Trabajo del Relator de Libertad de Expresión a El Salvador”, puntualizaron. La DPFL fue fundada en 1996, y a través del conocimiento y acciones de incidencia busca dar respuestas claras a problemas comunes en la región desde la perspectiva del derecho interamericano e internacional.
