A cinco años de la Ley Bitcoin

César Villalona

Hoy se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley Bitcoin, que declaró a ese cripto activo como “moneda de curso legal (…) ilimitado en cualquier transacción”.

El bitcoin no es ni podía ser moneda (dinero) de curso legal porque no es emitido por ninguna autoridad monetaria del mundo ni cumple con las funciones del dinero, que son tres:

1. Unidad de cuenta. Significa que los precios y las tarifas se fijan en dinero. En El Salvador están en dólares.
2. Medio de pago. De salarios, pensiones, impuestos, deuda y compra de bienes y servicios. En El Salvador todo se paga con dólares
3. Reserva de valor. Como expresa riqueza, se puede atesorar y ahorrar para crecer con los intereses. En El Salvador los ahorros están en dólares.

En el “Dictamen n° 3” de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, del 8 de junio de 2021, donde se recomendó aprobar la ley, se dice que el bitcoin traerá los siguientes beneficios:

1. “Apertura inmediata a la economía global, ya que se puede utilizar en todo el mundo”. Esa promesa era muy rara, porque el bitcoin no es moneda y mucho menos mundial. Además, desde hace siglos, El Salvador está integrado a la economía global, donde vende, compra y realiza otras transacciones.

Desde 2021 se ha deteriorado la relación comercial con el mundo. Los informes de comercio exterior del Banco Central de Resera (BCR), muestran que el déficit comercial aumentó de $8,222 millones ese año a $11,420 millones en 2025. En 2026 el déficit volverá a crecer, pues hasta julio va en $7,109 millones.

2. “Facilitar la inclusión financiera”. Según la “Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025”, del BCR, solo el 23% de la población tiene algún crédito (y no en bitcoin) y el 11% posee tarjeta de crédito.

3. “Acrecentar la riqueza nacional en beneficio del mayor número de habitantes”. La última encuesta de la UCA revela que el 71% de la población considera que la economía está mal, sobre todo porque no hay empleo y todo está caro. Las encuestas de la Oficina de Estadísticas y Censos muestran que los hogares en pobreza extrema aumentaron del 4.5% en 2019 al 7.7% en 2025.

El gobierno también prometió que aumentaría la inversión extranjera y ocurrió lo contrario. De acuerdo con el BCR, en 2018 dicha inversión fue de $826 millones, en 2019, cuando Bukele comenzó a gobernar, bajó a $636 millones y en 2025 cayó a $475 millones. Dicha inversión crece mucho en los demás países de la región, sobre todo en Costa Rica ($5,122 millones) y Nicaragua ($1,423 millones).

El pueblo salvadoreño rechazó el bitcoin. En el país no se usa. Y el año pasado, de los $9,988 millones que entraron por remesas, solo $58 millones (0.5%) se enviaron en bitcoin. Con respecto a 2024, esos envíos cayeron 33%.

El bitcoin no pasó la prueba pero causó daños. El Gobierno dice que tiene 7,763.37 bitcoin, y como cada uno vale hoy $79,150, si los vende obtiene $614 millones. Pero como hasta febrero pasado había gastado $624 millones en la compra de bitcoin ($203 millones con un préstamo del BCIE y $421 millones según los Twitter de los funcionarios), si los vende, pierde $9 millones, sin incluir los gastos en propaganda y en cajeros electrónicos arruinados.

Según la Encuesta de Hogares de 2025, ese año en El Salvador había 504,320 personas en pobreza extrema, o sea, pasando hambre. Hoy deben ser más, pues los alimentos están más caros y los ingresos del pueblo no mejoran. Y a pesar de esa tragedia social, el gobierno lleva cinco años gastando recursos en un experimente fallido y en un casino digital.

Como el dinero del gobierno proviene de los impuestos que paga la población, cuando parte de ese dinero se derrocha se perjudica a la población. Pero en nuestro país los funcionarios públicos no se responsabilizan de sus malos actos.