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Saúl Méndez
Colaborador
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado cada 30 de agosto, la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) denunció que la desaparición forzada continúa siendo una deuda histórica y una práctica de impunidad en El Salvador.
Las organizaciones de víctimas, familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos de El Salvador, así como las organizaciones que conforman la MECIES, alzaron nuevamente su voz para denunciar la impunidad histórica y estructural en la que permanecen los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
“A más de tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz, miles de familias continúan esperando que los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual, cumplan con sus obligaciones constitucionales e internacionales de establecer la verdad, garantizar la justicia, identificar a las víctimas, sancionar a los responsables y asegurar reparaciones integrales”, aseguraron.
También enfatizaron que la desaparición forzada no constituye únicamente una herida del pasado, sino que sus consecuencias continúan afectando profundamente a las víctimas, sus familias y a la sociedad salvadoreña en su conjunto.
Además, durante los últimos años, la MECIES y diversos colectivos de víctimas han señalado reiteradamente la falta de avances significativos en la investigación y judicialización de graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado.
Asimismo, han denunciado la ausencia de voluntad política del Estado para garantizar el acceso a los archivos militares, la búsqueda efectiva de personas desaparecidas y el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
“En particular, señalamos el estado de desacato en el que se encuentra el Órgano Legislativo al no cumplir con una orden emitida mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional, en julio de 2016, en el que se le impuso la obligación de aprobar una ley de justicia transicional para reparar las heridas dejadas a las víctimas durante la guerra civil”, explicó la organización.
“Ello, pese a que nuestras organizaciones han presentado ante ese Órgano estatal cuatro anteproyectos de ley sobre esta materia, sin que ninguna legislatura haya mostrado voluntad política para atender esta exigencia judicial y responder al clamor de las víctimas”, aclaró.
Asimismo, expresaron su preocupación por el acelerado debilitamiento institucional, la falta de independencia de la justicia y el retroceso en las garantías democráticas que, según señalaron, se vive en El Salvador.
“Estas condiciones antidemocráticas alejan la posibilidad de superar la impunidad de los crímenes de la guerra civil y del presente”, manifestó.
Ante ello, reiteraron las demandas que la MECIES ha formulado de manera sostenida a los tres órganos del Estado.
“Al órgano Ejecutivo exigimos garantizar el acceso pleno, inmediato y sin restricciones a los archivos estatales y militares relacionados con casos de desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y asegurar recursos suficientes para su funcionamiento eficaz. En particular, se debe fortalecer la labor de las dos comisiones de búsqueda creadas durante administraciones presidenciales anteriores”, pidió la organización.
También demandaron el fortalecimiento de los programas de reparación integral a las víctimas, mediante la asignación de recursos presupuestarios que permitan superar la insuficiente atención que se brinda en la actualidad, incluidas las exiguas compensaciones económicas. Asimismo, exigieron cumplir de buena fe las sentencias de tribunales nacionales e internacionales y las recomendaciones de organismos de derechos humanos.
Al órgano Legislativo exigieron promover una política pública integral de memoria, verdad y reparación para las víctimas.
“Exigimos aprobar la Ley de Justicia Transicional ordenada en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de julio de 2016 (REF: 44-2013/145-2013), retomando los anteproyectos de ley presentados por la MECIES, a fin de garantizar efectivamente los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”, manifestaron.
También pidieron abstenerse de promover o aprobar medidas que favorezcan la impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y exigieron fortalecer el marco legal para la protección de los archivos públicos y el derecho de acceso a la información relacionada con graves crímenes del pasado.
Al órgano Judicial y a la Fiscalía General de la República demandaron garantizar investigaciones diligentes, independientes e imparciales sobre los casos de desaparición forzada, así como evitar dilaciones indebidas y remover los obstáculos que impiden el avance de los procesos judiciales.
“Pedimos colocar en el centro de toda actuación judicial los derechos de las víctimas y sus familiares, así como asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia, conforme a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado”, agregó.
“En este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada reiteramos nuestro compromiso con la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral. La verdad no prescribe y la búsqueda de justicia no debe seguir postergándose”, concluyó la organización.
