MTD: siete años de lucha por 47,000 despedidos en la gestión de Bukele

Redacción Nacionales

@DiarioCoLartino

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) conmemoró siete años de trabajo por la defensa de los derechos de más de 47,000 trabajadores del sector público «despedidos ilegalmente», desde el inicio de la gestión de Nayib Bukele

De hecho, el MDT surgió de un grupo de trabajadores despedidos de diferentes dependencias del Gobierno durante el primer mandato de Nayib Bukele para demandar de manera colectiva el funcionamiento de la institucionalidad y hacer valer los derechos laborales en El Salvador.

Fue el 5 de septiembre de 2019 que se lanzó el MTD frente a las instalaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) debido al silencio deliberado de su titular, frente a las violaciones de los derechos laborales por parte de funcionarios del Gobierno. “El MTD nació con el objetivo de denunciar los despidos arbitrarios e ilegales en el sector público, demandar el reinstalo inmediato y exigir el respeto al debido proceso”, destacó la organización sindical en su comunicado de prensa.

El MTD registró 23,681 despidos durante el primer quinquenio (2019-2024) de Nayib Bukele. En el segundo mandato inconstitucional, los presupuestos de los años 2025 y 2026 suprimieron 23,443 plazas de trabajo con lo que se alcanzó un total de 47,124 “despidos ilegales y arbitrarios”, consideró la organización.

Como movimiento han acuerpado diferentes demandas que trabajadores han interpuesto en diversas instituciones del Estado. Han documentado la supresión de 52 sindicatos y la vulneración de la libertad sindical y del fuero de 550 sindicalistas del sector público. También ha documentado “la criminalización” de 19 sindicalistas capturados bajo el régimen de excepción, utilizado “para perseguir políticamente a fuerzas progresistas, personas defensoras de derechos humanos y opositoras al Gobierno”.

El MTD acompañó las demandas de indemnización de 3,160 personas despedidas de la PNC y la ANSP en 2023. También acompañó la exigencia de pago de 900 indemnizaciones de personas despedidas del Coro Nacional, la Orquesta Sinfónica, casas de la cultura y otras dependencias del Ministerio de Cultura y 150 más de la antigua Alcaldía de Ayutuxtepeque.

Además, gestionó asesoría legal para 40 personas despedidas de San Marcos y Panchimalco, y defendió el contrato colectivo de más de 400 trabajadores de la PGR obligados al retiro forzoso, logrando el pago de un mes adicional de salario.

Además, de las denuncias y acompañamientos, también han propuesto leyes para el beneficio del trabajador, por ejemplo, en julio de 2022 el MTD presentó ante la Asamblea Legislativa la propuesta “Ley de Compensación Económica para Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno”, orientada al pago de una compensación económica justa, equitativa y oportuna para las personas despedidas u obligadas al retiro forzoso. Sin embargo, la propuesta no prosperó en la Asamblea.

El Movimiento de Trabajadores ha logrado hacer efectivas algunas demandas de reinstalo, nulidades de despido y medidas cautelares, entre ellas, 120 en la Dirección General de Migración y Extranjería y 40 en CAPRES. Los sindicatos de Soyapango lograron el reinstalo de 50 personas despedidas en octubre de 2021, mientras que el sindicato de Cuscatancingo logró el reinstalo de 20 personas despedidas en mayo de 2024.

Todo ello, sin una asistencia legal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Pese al trabajo realizado el Gobierno sigue con su política de despido sin indemnizar al trabajador por su tiempo de servicio.  Ante ello, el MTD pidió el cese de los “despidos arbitrarios e ilegales” y ordenar el reinstalo inmediato de las personas despedidas.

También, pidió, el respeto a los derechos a la estabilidad laboral y al debido proceso, especialmente de las personas adultas mayores. De igual manera, abogaron por los sindicalistas detenidos bajo el régimen de excepción, tales como Geovanni Aguirre, Misael Gómez y César Edgardo Hernández, sindicalistas municipales criminalizados bajo el régimen de excepción, “cuyo único delito ha sido defender los derechos de la clase trabajadora”, dijo el MTD.

Pidieron públicamente al alcalde de San Salvador Sur, Mario Vásquez, el reinstalo del sindicalista Sabino Ramos; y al ministro de Trabajo, que asuma su mandato y cumpla la obligación establecida en el artículo 16 de la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, ya que Sabino, era trabajador municipal y fue detenido bajo el régimen, pero logró su libertad, pero en la municipalidad no le regresaron su trabajo.

A las autoridades competentes, pidieron resolver las centenares de demandas que han interpuesto en las instituciones sobre trabajadores despedidos injustificadamente.