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La deuda ambiental de la Asamblea Legislativa

José Acosta

En la sesión inaugural de la legislatura 2012 – 2015, and el Diputado  Presidente Sigfrido Reyes, illness expresó “El debate en la presente legislatura demanda la postura digna de un parlamento. A  esta Asamblea que inicia se le presentan formidables desafíos, unhealthy entre ellos reducir las vulnerabilidades ambientales”.

Un mes después, en un foro público el diputado Francisco Zablah, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dijo:  “Lo que los legisladores hagamos o dejemos de hacer repercute en millones de salvadoreños, por tal razón nuestra tarea es legislar con responsabilidad y teniendo presente el bien común, por eso me comprometo a abordar el tema del agua de una forma integral”.

Tres años después de esos emotivos discursos el trabajo legislativo en el tema ambiental ha sido de los más pobres. Entre las principales normativas aprobadas, apenas están: La prohibición del uso de animales en los circos, una prorroga a la declaratoria de emergencia ambiental en la comunidad Sitio del Niño y  el retiro de los tóxicos del municipio de San Luis Talpa. Todas son medidas importantes y necesarias; sin embargo, los grandes temas ambientales de nación siguen esperando.

El caso más emblemático es la Ley General de Aguas, cuya primer propuesta ingresó a la Asamblea Legislativa en marzo de 2006; es irresponsable que en 9 años los diputados y diputadas no han logrado producir una ley que regule el uso del agua, a pesar que el país está al borde del stress hídrico.

Para Carolina Amaya, activista ambiental de la Unidad Ecológica Salvadoreña, la razón de fondo por la cual no se aprueba la Ley General de Aguas es porque las cúpulas empresariales representadas en la Asamblea Legislativa por los partidos de derecha, pretender tener el control de la institución rectora del agua, quieren controlar la institucionalidad para luego privatizar el agua, este es el punto de quiebre y principal motivo que ha entrampado la discusión de la ley. En palabras de Amaya, permitir que la gran empresa privada tenga el control en la gestión del agua, es como poner al coyote a cuidar a las gallinas.

Otro importante tema en el que la saliente legislatura deja una deuda con la sociedad, es la ratificación de la reforma al artículo 69 de la Constitución, para incorporar la alimentación y el acceso al agua como un derecho humano. Debe recordarse que para modificar la Constitución se requiere que en un periodo legislativo se haga la reforma y que en el siguiente se ratifique por al menos 56 de los 84 diputados.

En abril de 2012, la anterior legislatura aprobó la enmienda al artículo 69 de la Constitución, la cual establece que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada y el agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes.

Con la ratificación se lograría, entre otras cosas, que el Estado, controle la calidad de los productos alimenticios, y que toda persona tenga derecho a una alimentación adecuada. Además, que el Estado asuma la obligación de crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes, así como preservar los recursos hídricos y facilitar su acceso a la población.

No obstante, ya  se han realizado dos intentos de ratificación y en ambos los partidos de derecha han votado en contra, sin presentar argumentos convincentes de su negativa. Por su parte las organizaciones sociales han realizado incansables medidas de precisión, sin éxito aparente. Lo último que transcendió fue un llamado del Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, enviando un mensaje a los diputados: “El derecho en sí no puede negarse, y con todo el respeto, con el máximo respeto que yo puedo hablar a los honorables señores diputados, quiero pedirles que no se nieguen a dar ese voto, porque si se niegan, están negándole uno de los derechos más importantes y más fundamentales a los salvadoreños”.

Sin embargo, la realidad es que esta legislatura termina en pocos días y con ella termina la oportunidad de hacer un aporte sustancial al país en lo que se refiere a elevar el agua y la alimentación como un derecho humano reconocido en la Constitución, lamentablemente los diputados y diputadas, en particular los de derecha, no estuvieron a la altura de su responsabilidad con la patria.

Otro tema en el que la Asamblea Legislativa  ha tenido un pésimo desempeño es el referido a la prohibición de la minería metálica. En un conversatorio organizado por el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones, MOVIAC la diputada Lourdes Palacios, Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, reconoció que en este tema no ha estado en la agenda de la Comisión y que en todo el periodo ni siquiera se ha estudiado el expediente.

Así mismo otros temas importantes para la población y para la protección de los recursos naturales como por ejemplo la prohibición de los agro tóxicos, la aprobación de la ley de Soberanía Alimentaria y las reformas a la ley de Gestión de Riesgos, han corrido la misma suerte, siguen pendientes.

Los partidos políticos y los diputados y diputadas  de la próxima Asamblea Legislativa deberían asumir este pliego de leyes ambientales como una deuda irresponsablemente heredada por la legislatura que está por terminar, pero también como un compromiso ético y moral con la nación.

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