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Impunidad total

@arpassv

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió la semana pasada a los únicos condenados el caso del secuestro, pilule violación sexual y asesinato de la niña Katia Miranda. Carlos Miranda (abuelo de la menor) y otros cinco imputados quedaron en libertad.

Los magistrados suplentes Ricardo Alberto Zamora, Ramón Iván García y Juan Antonio Durán revirtieron el fallo del Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca que había condenado a Carlos Miranda a 13 años de prisión por el secuestro de su nieta. La Sala de lo Penal pone así el sello final de impunidad en un caso que fue –desde el principio y a lo largo de proceso– amañado por policías, fiscales y jueces.

Los crímenes contra Katia Miranda se cometieron en el entorno familiar: en un rancho de playa propiedad de Carlos Miranda, en abril de 1999, durante una noche de vacaciones. En el rancho se encontraban también Edwin Miranda y Godofredo Miranda, padre y tío de la menor, respectivamente.

Edwin Miranda era jefe de seguridad del entonces presidente Armando Calderón Sol y Godofredo Miranda era el segundo al mando de la Unidad de Investigaciones de la Policía.  El padre de la menor fue absuelto en el 2000 y el tío nunca fue procesado por entorpecer las investigaciones del caso.

La valiente denuncia de Hilda Jiménez, la inclaudicable madre de Katia, hizo que la Fiscalía y los tribunales de justicia retomaran el caso en el 2012 procesando por el delito de secuestro al abuelo de la menor. Pero ahora la Sala de lo Penal dictamina que el caso quede en impunidad total.

Esta impunidad lleva el sello inicial de la Policía, dirigida entonces por Mauricio Sandoval, y la Fiscalía, encabezada por Belisario Artiga. Ambas instancias se encargaron de entorpecer el caso: permitieron que la familia paterna borrara las evidencias del cuerpo y la ropa de Katia en los primeros días de la investigación y presentaron el caso como un ahogamiento, a pesar del dictamen forense que confirmaba violación y asesinato.

Luego el sistema judicial puso su grano de arena: la Jueza de Instrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán,  absolvió en el 2000 al padre y al abuelo de la menor, acusados por la violación y el asesinato. Y hoy la Sala de lo Penal le pone la decoración final a este monumento a la impunidad, anulando la condena de 13 años de prisión por secuestro impuesta a Carlos Miranda por el Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca en el 2011.

La impunidad en el “Caso Katia Miranda”, y la impunidad en la que queda el 95% de los crímenes en el país, es una vergüenza nacional y debería movilizar a la población entera a presionar por la depuración de policías, fiscales, jueces y magistrados corruptos. Por Katia Miranda y las demás víctimas de la impunidad en El Salvador, ¡hay que hacerlo ya!

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