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Redacción Nacionales
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda y tercera revisiones conjuntas sobre el acuerdo del Servicio Ampliado de Fondo (SAF). La aprobación, permitiría un desembolso de aproximadamente $140 millones.
En un comunicado de prensa, el personal del FMI, señaló que tanto el FMI como las autoridades salvadoreñas han llegado a un acuerdo producto de las pláticas y negociaciones entre ambos.
El jefe de la Misión para El Salvador, Pedro Torres, señaló que la economía de El Salvador continúa mostrando “un sólido desempeño”, ya que expuso que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real superó las expectativas en 2025 y se prevé que alcance el 4,5 por ciento en 2026.
A juicio de Torres, esto es impulsado por la inversión y el consumo privado, junto con remesas, turismo y flujos de capital robustos. Además, la dinámica se ha visto “reforzada” por mejoras en materia de seguridad y mayor confianza de los inversionistas.
Dentro de los acuerdos en cuestión se han planteado diversas matrices que el Gobierno salvadoreño debe acatar. Por ejemplo, la consolidación fiscal se profundizará mediante la aplicación continua de políticas de gasto prudentes y mejoras en la administración de ingresos, al tiempo que se crea margen para programas sociales e infraestructuras prioritarias.
Se prevé que el superávit primario del Servicio Público Nacional (SPPN) se fortalezca aún más, pasando del 2,9 % del PIB este año al 3,7 % del PIB en 2027, en consonancia con el objetivo de la Ley de Responsabilidad Fiscal de reducir la relación deuda pública/PIB al 80 % para 2030.
En simultáneo, explicó el FMI, se fortalecerá el sistema de pensiones mediante el reconocimiento de las obligaciones derivadas del vencimiento del período de gracia de los pagos de intereses adeudados a los fondos de pensiones privados, y la promulgación de una “reforma paramétrica de las pensiones” en línea con las recomendaciones del FMI el próximo año. El FMI mantiene su postura de impulsar una reforma al sistema de pensiones en 2027. Aunque no detalla los cambios específicos, podrían incluir un aumento en los años de cotización o en la edad de retiro.
Además, señaló el FMI, se preparará una reforma de la administración pública para mejorar la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios públicos, al tiempo que se apoya la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Tras superar los objetivos, se seguirán reforzando las reservas y los colchones de liquidez para aumentar la resiliencia.
Las reformas se profundizarán para mejorar la transparencia y la gobernanza, incluyendo mejoras al marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) y la publicación de las declaraciones patrimoniales de funcionarios. Además, se mejorará la información financiera pública, la transparencia sobre la titularidad real y los mecanismos de rendición de cuentas, en consonancia con las mejores prácticas internacionales, detalló el FMI.
En cuanto a la participación del Gobierno en la Chivo Wallet, el FMI, señaló que esta, “se ha reducido considerablemente, y se están realizando esfuerzos para mejorar la transparencia de las tenencias de Bitcoin en las distintas billeteras”. El FMI destacó que la propiedad mayoritaria y el control operativo “se han transferido a un operador privado, mientras que el gobierno ha conservado una participación minoritaria y la custodia de los activos de los clientes”, es decir, los bitcoins que en algún momento se informó que habrían sido adquiridos por el Gobierno, están en manos privadas.
Esas adquisiciones que publicaba el Gobierno, aparentemente eran de donaciones de privados, según lo informó el FMI. “Se ha aportado documentación que verifica que la acumulación de Bitcoin desde la primera revisión corresponde a donaciones privadas y que no se utilizaron recursos públicos”, detalló el organismo en su reporte de prensa.
También, se han alcanzado acuerdos sobre las medidas para modernizar el marco legal, regulatorio y de supervisión de los activos digitales, así como para fortalecer la gobernanza y la gestión de riesgos de las tenencias de criptoactivos del sector público. “En adelante, no se prevé una mayor acumulación de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, destacó.
Tanto el personal del FMI como las autoridades nacionales señalaron que la sólida apropiación de los programas y la implementación oportuna de las reformas siguen siendo fundamentales para fortalecer la estabilidad y la resiliencia macroeconómicas.
Estas revisiones forman parte del acuerdo del SAF aprobado en febrero de 2025 para desembolsar aproximadamente $1,400 millones. A la fecha, se han desembolsado $172.32 millones.
