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Redacción Nacionales
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El principal testigo que tenía la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los veteranos de guerra, no fue acreditado para dar su declaración por los supuestos actos de terrorismo que denunció hace más de 2 años, así lo dio a conocer el COFAPPES en conferencia de prensa.
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) señaló que la audiencia única contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara y José Ismael Santos está prevista para los días 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre, tras haber sido suspendida el pasado 11 de agosto.
Junto a los veteranos y ex combatientes también está detenido el comunicador Luis Alberto Menjívar, todos fueron acusados hace más de 2 años, por presuntos actos terroristas; sin embargo, la FGR no ha logado probar esas acusaciones.
El COFAPPES destacó que un medio de comunicación publicó recientemente que la FGR «no ha incluido en su lista de testigos a la persona que, según la acusación inicial, fue quien alertó a las autoridades sobre la planificación de un supuesto atentado terrorista para la toma de posesión presidencial del 10. de junio de 2024».
A juicio de la organización, la exclusión del testigo, cuyas declaraciones son la base del relato fiscal sobre los supuestos delitos imputados, “confirma las sospechas sobre su verdadera existencia”, por lo que consideraron que, por transparencia y legalidad, la Fiscalía debe aclarar por qué su principal testigo del caso no participará en la audiencia.
El rotativo señaló que, ante la falta de testigos, la FGR ha incorporado la declaración de los agentes policiales que realizaron las capturas y a cuatro peritos encargados de extraer información de dispositivos electrónicos, revisar bitácoras de llamadas telefónicas y verificar la destrucción de supuestos materiales explosivos. Mientras tanto, la jueza desestimó las declaraciones de diez testigos y otras pruebas de descargo presentadas por la defensa técnica.
De hecho, que la FGR excluya a su principal testigo, confirma lo que medios de comunicación revelaron hace un año, advirtiendo su dudosa existencia, ya que el testigo de la FGR habría estado en dos lugares a la vez, en México y en El Salvador y que los policías, que recibieron su denuncia, ni siquiera anotaron su nombre.
“Esto confirma que la acusación carece de pruebas reales, y que el caso solo se explica por el interés gubernamental de perseguir y condenar a un grupo de dirigentes sociales que, además de defender los derechos de su sector, se manifestaban contra las injusticias y violaciones a derechos humanos en el actual contexto de regresión democrática y consolidación autoritaria”, dijo Mextli Montalvo, hijo de Atilio Montalvo, firmante de los Acuerdos de Paz.
Luis Rivera, de la defensa técnica, aclaró que se conoció que la captura de los veteranos fue por una declaración de una persona. Sin embargo, “nunca ha sido una persona que haya tenido la calidad de testigo en ninguno de los sentidos”, ya que no ha sido acreditada en sede judicial. “Así que simple y sencillamente es un desconocido, porque nunca fue acreditada esa persona en el proceso ni tampoco en ninguna de las actas policiales cuando la entrevistaron”, expresó.
“Eso significa que pudo haber sido cualquier ciudadano, incluso nacional o extranjero, pudo haber sido a través de una llamada telefónica anónima. El origen de la captura de los veteranos es tan incierto como sucede en muchos casos”, lamentó el abogado Luis Rivera.
El COFAPPES ha solicitado formalmente a las embajadas de varios países estar presentes en la audiencia, especialmente “porque el caso constituye una clara violación a los Acuerdos de Paz y una persecución política contra personas protagonistas de estos acuerdos que pusieron fin a doce años de guerra civil y a varias décadas de dictaduras militares”.
De hecho, Lourdes Palacios, coordinadora de COFAPPES, señaló que diputados alemanes han enviado cartas al tribunal y a la embajada alemana en El Salvador, pidiendo un juicio justo y un procedimiento apegado a derecho. Además, más de 30 organizaciones de Estados Unidos, Colombia, Alemania, Suiza y México se han solidarizado con los excombatientes y veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
El juicio será en el Tribunal Especializado Contra el Crimen Organizado, con una «jueza sin rostro» en el Centro Judicial de Soyapango. Se prevé que organizaciones sociales se manifiesten el día del inicio de la audiencia para mostrar apoyo a los veteranos.
La defensa técnica informó en conferencia de prensa, que hay suficientes elementos de descargo para que los veteranos puedan ser absueltos. La resolución de la jueza solo debe tener dos vías, absolución o sentencia.
Las organizaciones y familiares han expuesto que la mayoría de los detenidos son personas adultas mayores, que arrastran secuelas de la guerra y padecen diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas. “Algunos podrían, pronto, morir en prisión, si no son liberados y no reciben la atención médica que necesitan con urgencia”. Responsabilizaron a las autoridades judiciales y penitenciarias por lo que pueda suceder con su salud, su integridad y su vida.
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