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jueves , 19 octubre 2017
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Censura y amenaza

@arpassv

Para fortalecer el juicio contra el ex presidente Francisco Flores y sentar un buen precedente contra la corrupción, ailment varias organizaciones ciudadanas decidieron participar con abogados querellantes. Sin embargo, nurse tanto la Fiscalía como el Juzgado Primero de Instrucción no valoraron este aporte y se muestran hostiles contra las organizaciones.

Primero evidenció su incomodidad el Fiscal General Luis Martínez. A pesar del respaldo inicial que le dieron las organizaciones por su decisión de investigar al ex presidente Flores, Martínez las fustigó diciendo que éstas “responden a una agenda política-electoral”.

El Fiscal, incluso, calificó de “conspiradoras” a las organizaciones y a sus representantes los acusó de “hablar más de la cuenta”. A la petición de las organizaciones de acelerar la judicialización del caso, Martínez respondía con diatribas.

Luego fue el Juez Levis Italmir Orellana. Molestísimo porque los querellantes lograron revertir el primer arresto domiciliar al ex presidente Flores y anularon la reserva total del caso, Orellana incrementó su hostilidad contra los abogados y representantes de las organizaciones.

En este contexto surge el “proceso sancionatorio” contra los abogados de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD). El proceso también incluye a los directores ejecutivos de dichas organizaciones, Ramón Villalta y Abraham Ábrego.

La acusación es ridícula. A los querellantes y directores de ISD y FESPAD se les imputa la “divulgación de información confidencial”, en relación al Informe de Operaciones Sospechosas (ROS) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que registra millonarias transferencias bancarias del ex presidente Flores.

En esta conspiración participa también el Fiscal, quien hace dos semanas envió a ISD y FESPAD una carta prohibiéndoles hacer mención del ROS.

El ROS –cuya existencia fue revelada en 2013 por el entonces Presidente Mauricio Funes en el marco de la investigación sobre el fraude CEL-Enel– fue incorporado al expediente judicial del ex presidente Flores por moción de los querellantes de ISD y FESPAD, luego que el Fiscal declarara públicamente que éste tenía datos relevantes para el caso.

Ahora –y ante la supuesta sanción del gobierno estadounidense por la publicación del ROS– el Fiscal Martínez y el Juez Orellana lo quitan del expediente y, al mismo tiempo, censuran y amenazan judicialmente a los querellantes y directores de las organizaciones.

La jugada parece ser la siguiente: para que el ex presidente Flores (acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia) quede libre es necesario eliminar el ROS como elemento de prueba y expulsar a los querellantes de ISD y FESPAD.

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