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Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568
Se han alzado voces oponiéndose a que el Estado garantice Educación Integral en Sexualidad (EIS), a la niñez y adolescencia. Sorprende que en pleno siglo XXI existan todavía grupos que pretendan negar el derecho al conocimiento, que persista el prejuicio y el miedo a abordar la sexualidad como una faceta constitutiva de la persona humana.
Sin embargo, el costo y el dolor que supone mantener en la ignorancia a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes es estremecedor: la Fiscalía General de la República registró en 2016, 1,798 niñas, niños y adolescentes víctimas de violación, de las cuales el 90 % del total de caso eran niñas y adolescentes de 11 a 17 años. El 80 % de los perpetradores de estos delitos eran personas cercanas de las menores.
Un total de 19,190 niñas y adolescentes estuvieron embarazadas en 2017, el 28 % de embarazos de todo el país. De ellas 781 tenían edades de 10 a 14 años, la dramática realidad de las niñas madres.
La LEPINA en su Art. 32, mandata al “Órgano Ejecutivo incluir la educación sexual y reproductiva como parte de sus programas, respetando el desarrollo evolutivo de las niñas, niños y adolescentes”, y la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes 2017-2027 contempla: “Garantizar el ingreso y la permanencia de niñas, niños y adolescentes en un modelo educativo que asegura la Educación Integral de la sexualidad”.
La evidencia científica demuestra que la EIS genera “un mayor conocimiento de los derechos de la persona dentro de una relación sexual; mayor comunicación con los padres acerca de las relaciones sexuales; y mayor autoeficacia para manejar situaciones de riesgo”. y “no aumenta la actividad sexual, los comportamientos sexuales riesgosos ni las tasas de infección por el VIH y otras ITS”.
La oposición a la educación en sexualidad, niega a niñez y adolescencia, el conocimiento para identificar el abuso sexual y poder denunciarlo, propiciando la perpetuación la impunidad del abuso sexual infantil e impide la posibilidad de abordar la sexualidad de manera informada y responsable, disminuyendo el riesgo de embarazos precoces y no deseados y de infecciones ITS y VIH.
