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lunes , 25 septiembre 2017
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“Tenemos una deuda de justicia en el país”
Miguel Ángel Flores Durel.

“Tenemos una deuda de justicia en el país”

Texto y fotografía por Néstor Martínez
Redacción Diario Co Latino

El abogado Miguel Ángel Flores Durel pone sus cartas al descubierto como fuerte aspirante a Fiscal General de la República de El Salvador: Dedicado al Derecho Penal, search ex Fiscal en unidades comunes y especializadas, advice litigante en todo el país; pero también en su hoja de vida destaca como directivo de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, Secretario de la organización en Defensa del Gremio, propietario en la Asamblea General Universitaria representando al sector profesional no docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y ex directivo de la Junta Directiva de la misma Facultad durante cuatro años consecutivos. Además, fue nominado como Abogado del Año en el 2012. Con más de quince años de experiencia en el ámbito judicial, el licenciado Flores Durel nos revela los motivos que lo empujan a su candidatura y sus proyectos para mejorar el trabajo de la Fiscalía en el combate a la delincuencia si es electo.

– ¿Qué le motivó a aspirar a Fiscal General de la República?, por cierto un cargo en estos momentos muy delicado.

Después de evaluar mi entorno, verificar los requisitos legales y constitucionales para ser Fiscal General y advertir que los cumplo, tomé la decisión de presentar mi solicitud, además he trabajado antes en la Fiscalía, y conozco como funciona desde adentro, sus imperfecciones, sus debilidades, en este sentido quisiera contribuir para que se fortalezca la institución para que se dé respuesta a los niveles de violencia que vive el país. En el ejercicio de mi profesión me he dedicado al Derecho Penal como Fiscal, como defensor, como querellante. He tenido la oportunidad de litigar en todo el país. Conozco el ambiente del Derecho Penal.

– El actual Fiscal ha sido muy cuestionado. Una queja muy recurrente que escucho en los pasillos judiciales es que no investiga, que sus casos, en alto porcentaje, son resueltos con “testigos criteriados”, pese a que la Ley señala que es la Fiscalía la que lleva el peso de la investigación del delito, incluso algunos afirman que esto es negociar con delincuentes, ¿qué opinión le merece esta actitud del Fiscal General?

Existen métodos tradicionales de investigación, entre estos métodos se encuentra la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba científica, que en mi opinión hay que profundizar esfuerzos para que esta sea más utilizada. La herramienta “testigo criteriado” es válida siempre y cuando se agoten todos los mecanismos tradicionales de investigación. La crítica podría ser que, en muchos casos en que se pueden utilizar mecanismos tradicionales no se hacen sino que se utiliza el “testigo criteriado” o “traidor” como le llama la misma doctrina del Derecho. Este “testigo” hay que estudiarlo con mucho detenimiento, de entrada hay que verlo con sospecha porque tiene un interés sobrecargado, primero en obtener su libertad y esto lo puede llevar a dañar personas que, incluso, no han participado en el hecho que se juzga. Para tomar la decisión de dar un Criterio de Oportunidad es necesario evaluar de manera detenida la persona que se pretende beneficiar y, naturalmente, agotar todos los mecanismos tradicionales de investigación.

– Como sabemos, la delincuencia de las pandillas está disparada, en este sentido una queja de la población es que tras la captura salen libres casi de inmediato, incluso con nuevos mandatos penales como es el calificativo de “terrorista”, “asociación ilícita” por los que deben de seguir detenidos y juzgados, ¿cómo explica esto?

El principio de la Fiscalía General de la República es de represión, es decir, la Fiscalía está para reprimir el delito, hay otras instituciones que sirven para prevenir el delito, pueden ser instituciones estatales u organizaciones no gubernamentales. Muchas veces, de manera apresurada, como pasó recientemente en Apopa, que detienen un sinnúmero de gente a las que se les atribuye un hecho punible, y el resultado es que en la primera audiencia, en la estructura del proceso penal, en este caso la imposición de medidas, porque se celebra en un tribunal especial, se les deja en libertad. En este sentido, el concepto de terrorismo que ha dado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no se puede evaluar en abstracto, se necesita que el Fiscal le lleve al juez evidencia individualizada de participación respecto a cada imputación. Este concepto que se ha dado puede servir para fundamentar algunas imputaciones. Lo más importante en todo proceso penal es la acreditación mediante prueba de participación delincuencial, no podemos extender el concepto en abstracto y decir que “ya que se consideran terroristas en abstracto voy a detener a todo este grupo”, que es lo que mucha gente, en mi opinión, piensa equivocadamente.

– Esta opinión equivocada de la gente, ¿se debe a la falta de información judicial o los medios de comunicación tiene que ver en la interpretación equivocada o a medias de la Ley?

Es responsabilidad de los medios de comunicación y también de los abogados que tienen la oportunidad de estar en los medios de comunicación de explicar a la ciudadanía que en abstracto no se puede estar dañando a nadie. Todo juez de la República debe de tener evidencia individualizada y prueba respecto a la persona a quien se sindica, que se le imputa un delito. Quizás por algún interés se dice que basta con el concepto de terrorista y ocurre lo que ya comentamos.

– Por eso la ciudadanía se siente frustrada…

Claro.

– El actual Fiscal General, a mi modo de ver, no ha tenido escasez de fondos, recuerdo los más de once millones de dólares encontrados en barriles que le fueron transferidos, los donativos para el proyecto de escucha telefónica, entre otras fuentes de ingreso, pero no se ha visto efectividad en la investigación del delito. De hecho el presente Fiscal General no se ha quejado de la falta de fondos. ¿Qué es lo que puede entorpecer el trabajo de la Fiscalía? ¿Compromisos políticos?

Hay casos que se conocen mediáticamente y hay casos que no. No me atrevería a aseverar que la fiscalía cuenta con todos los recursos, por el contrario, necesita más recursos. Comparto que hay muchas denuncias que iniciaron en esta gestión que no han tenido una respuesta, porque al fin y al cabo la ciudadanía lo que quiere es una respuesta oportuna, a lo que tiene derecho la ciudadanía es a tener conocimiento de la utilidad de los resultados.

– En el caso de la delincuencia la ciudadanía lo que quiere es tranquilidad, ¿cuál es su propuesta para llevarle tranquilidad a la población?

Hemos realizado un diagnóstico de las necesidades que tiene la Fiscalía General de la República en la actualidad. En mi opinión, se tiene el material humano muy capaz, gente muy talentosa a la que particularmente conozco y que, incluso, me han impulsado a tomar la decisión de aspirar a Fiscal General. Es necesario descongestionar el trabajo que tiene cada fiscal para depositar la atención en los delitos graves. Por ejemplo, hay muchos hechos que se conocen en la sede fiscal que pueden ser resueltos con salidas alternas, como conciliando en la sede fiscal, utilizando la figura de la inmediación, el resarcimiento del daño en la sede fiscal, es decir, no necesariamente judicializar. Descargando estos procesos y depositando la atención de los fiscales más experimentados en los delitos graves se puede salir adelante con transparencia, naturalmente. Este es un tema de buena gestión que se propone, sin entrar a críticas personales de cualquier otro fiscal.

– Me hablaba de que es necesario descentralizar la Fiscalía…

Es necesario crear seccionales, por ejemplo de unidades especializadas como las dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero y activos, antiextorsiones…, porque esto permitiría inmediatez, por ejemplo, en los casos de flagrancia que conoce la Fiscalía, una inmediatez de la presencia fiscal, de la conducción y dirección de la investigación en esos lugares, como tener destacados fiscales en las fronteras, unidades élites especializadas, porque allí son bien comunes las detenciones por drogas, contrabando, gente que lleva dinero arriba de los diez mil dólares… esto permitiría agilizar el trabajo de la Fiscalía General de la República.

– ¿Hay que reestructurar la Fiscalía?

Sí. Hay personal muy valioso que está subutilizado dentro de la Fiscalía General de la República. Yo tomaría decisiones respecto a ello, crearía incentivos para los buenos fiscales, crearía políticas de acción respecto a los jefes, no estoy de acuerdo con que un jefe pase sentado y solo dé órdenes. Me gustaría que el jefe acompañe al fiscal a las audiencias, desde que estaba en la Fiscalía lo pedía. Cuando se ponían a regañar a algunos compañeros invitábamos a algunos jefes para que fuéramos juntos a las audiencias, a las vistas públicas, que preparáramos a testigos juntos, que fuéramos juntos a reconocimientos de cadáveres, a reconocimiento en filas de personas, a actos de investigación…yo creo en los jefes que actúan, yo creo en el ejemplo como forma de tener liderazgo. Se me hace difícil considerar o juzgar a alguien como bueno o malo si no lo veo actuando respecto a lo que dice. El mejor de la unidad tiene que ser el jefe. Este sería un punto importantísimo dentro de la reestructuración. En el plan de trabajo  que presentaré en la entrevista que tendré en la Asamblea Legislativa, voy a plantearlo.

– Estábamos hablando de incrementar el trabajo de la prueba científica…

Definitivamente a eso hay que apostarle, a utilizar más la herramienta de la prueba científica en los procesos, porque es una deuda que tenemos con la ciudadanía…

– y que va en juego la credibilidad de la Fiscalía…

… es que vale más una pieza de evidencia científica que horas de vertida testifical. Yo puedo tener a alguien testificando por horas que es al papá de alguien, por decir algo, pero si usted me trae la prueba del ADN [*], esa evidencia bota las cinco horas en que aquel trató de convencerme. La prueba científica hay que fortalecerla. Hay que trabajar más en conjunto y de manera más cercana con las instituciones que ya están, existe el Laboratorio de Investigación Científica del Delito, el laboratorio de la División Antinarcóticos. Hay que establecer mejores relaciones para efecto de trabajo efectivo con los jueces y la policía.

– ¿Qué opinión le merece el estado de la justicia en El Salvador?

La justicia es un valor que consiste en darle a cada quien lo que le pertenece, lo que le corresponde. Si partimos de allí, tenemos una deuda de justicia en el país. Las estadísticas indican, como dicen algunos colegas, que de un buen porcentaje de homicidios conocidos, solo el tres por ciento llega a feliz término de condena, por así decirlo, eso nos demuestra que hay una deuda de justicia en el país. Todos los casos son iguales, hay que darles el mismo tratamiento, ya se trate de Juan Pueblo, de un expresidente o de una persona que ha ejercido un cargo de poder.

– Del Fiscal saliente se conoce que tiene muchos compromisos políticos con un partido que tras veinte años en el poder no demostró tanta honradez, ¿usted no tiene compromisos políticos con determinado partido o con alguna élite de poder económico en el país?

Yo no tengo ningún compromiso político, no estoy afiliado a ningún partido político, aunque para mí no es garantía eso de la independencia, lo que puede generar eso es que la gente actúe de diferente manera y quizás puede estar más metido en el partido sin necesidad de estar afiliado. Desconozco si puntualmente si el actual Fiscal General los tiene. La información que yo tengo es la que se adquiere por medio de la información pública.

– De su práctica como penalista, ¿cómo ve el sistema penal? La gente dice “leyes hay”.

Hay que hacer diferentes movimientos, hay muchos retos. Hay que fortalecer, por ejemplo, la Comisión Coordinadora del Sector Justicia que está integrada por el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad, en la medida que se fortalezcan esas instituciones y sus comités técnicos, en que se transparente, en que sean públicas las agendas donde discuten estos temas, vamos a avanzar. En el país tenemos jueces muy valientes, muy correctos, también fiscales muy valientes dispuestos a logra que la justicia brille en este país.

– ¿Qué características debe tener o reunir un buen Fiscal?

Las aptitudes que considero básicas para liderar la institución son el liderazgo la capacidad para trabajar en equipo, la integridad, el compromiso con los asuntos públicos, la transparencia, la capacidad para delegar y controlar resultados. A lo largo de mi experiencia he aprendido y puesto en práctica estas competencias profesionales, también sé elegir a los equipos de apoyo para esta responsabilidad.

– ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene el futuro Fiscal?

Considero algunos de los restos son disminuir el índice de impunidad, disminuir la sobrecarga de trabajo de los fiscales, tratar de luchar por la deficiencia presupuestaria que existe, apostarle al apoyo científico en las instituciones de investigación, tratar de no abusar de las declaraciones de coimputados, conocidos como “testigos criteriados”, sistematizar la información de los casos para elevar los datos, su gestión y seguimiento, y la transparencia rendición de cuentas.

– ¿Qué mensaje tranquilizador le da a la ciudadanía para que diga “aquí tenemos un buen candidato a Fiscal General”?

Este proceso que se ha aperturado sea lo más transparente posible, que se evalúen detenidamente las hojas de vida de los postulantes, que se tome en cuenta la experiencia, específicamente en el área penal. El mensaje que envío es que no tengo ningún compromiso con nadie, que tengo la experiencia que se requiere, que he administrado un despacho que se dedica al ejercicio del derecho penal, que tengo la voluntad, que conozco desde adentro el trabajo fiscal y, naturalmente me preocupa el alto índice de violencia y trabajaría para ayudar a disminuirlo.

[* Nota del Periodista] Prueba que consiste en la comparación científica de la huella genética del acusado con las muestras humanas obtenidas en el lugar de los hechos o dadas con aprobación del acusado o acusador.

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