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Buenos Aires/AFP
Oposición y oficialismo en Argentina impulsan acciones para frenar mediante ley o juicio político un polémico fallo de la Corte Suprema que reduce las condenas a los acusados de crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983).
El miércoles pasado el Tribunal Supremo dictaminó por tres votos a favor y dos en contra beneficiar con una reducción de pena a un represor condenado por secuestro y tortura de opositores durante la dictadura.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, uno de los hombres más cercanos al presidente Mauricio Macri, afirmó que “la ley del 2×1 fue nefasta” para el país.
El fallo del Supremo “reabre más heridas que lo que pueda reconciliar”, dijo el lunes Pinedo al proponer un proyecto de ley que excluya de todo beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Organismos de derechos humanos alertaron que el fallo abre las puertas para que soliciten el mismo beneficio cientos de condenados y otros tantos que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad.
En medio del fuerte rechazo social al fallo, las reconocidas organizaciones humanitarias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocaron para el miércoles una marcha de repudio.
Estas veteranas activistas impulsaron un pedido de juicio político contra los tres magistrados que votaron la decisión. También se los denunció por prevaricato, al entender que como jueces dictaron una resolución arbitraria e injusta.
El gobierno, a través del jefe de Gabinete, Marcos Peña, repudió el fin de semana la decisión de la Corte que considera “un símbolo de la impunidad en Argentina”. Macri se mantuvo en silencio.
El origen del “2×1”
El Tribunal decidió aplicar la semana pasada el llamado ‘2 por 1’, al exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión- porque estuvo preso poco más de 9 años por su participación en el secuestro y tortura de cinco personas en 1976.
Esa ley estuvo vigente de 1994 a 2001 en Argentina y permitía computar doble cada día pasado en prisión preventiva a la hora de fijar condena.
La ley, aprobada tras un sangriento motín carcelario, fue pensada para descomprimir el hacinamiento de las prisiones. Pero no se estableció límite alguno para su aplicación tanto a delitos comunes como de lesa humanidad.
Por entonces estaban en vigencia las leyes de perdón derogadas recién en 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007).
Hoy, legisladores impulsan una ley que establezca la prohibición de aplicar el ‘2 por 1’ a delitos de lesa humanidad.
“Esta sentencia es una amnistía parcial, un indulto encubierto”, afirmó el exjuez español de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón que impulsó juicios contra genocidas en España.
El jurista sostuvo que el fallo “no tiene justificación jurídica sino política” en sintonía con el cambio político que vive Argentina bajo el gobierno liberal de Macri luego de doce años de gobiernos de centroizquierda.
Dos de los jueces que votaron a favor fueron designados a propuesta del gobierno el año pasado y la tercera es la única mujer del Tribunal que debía jubilarse a finales de año.
José Luis Gioja, legislador opositor y exgobernador, calificó como “curioso” el voto de la jueza al deslizar un supuesto acuerdo para permanecer en la Corte.
Garzón consideró de todos modos que “los jueces federales no van a atender el criterio de la Corte Suprema. Los jueces argentinos no pueden hacer lo que quieran porque tienen que rendir cuentas en ámbitos internacionales”.
Varios fiscales pidieron la semana pasada declarar la inconstitucionalidad del ‘2 por 1’ y jueces han rechazado peticiones de condenados para aplicar el mismo criterio tras el fallo de la corte.
