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La Fiscalía General de la República mediante una autorización del Juez Quinto de Paz de San Salvador, allanó el martes dos oficinas administrativas del primer órgano del Estado, y el miércoles lo extendió a las distintas fracciones legislativas. El operativo fiscal tuvo como motivo las denuncias del Ejecutivo de supuestas “plazas fantasmas” en la Asamblea Legislativa, que fueron respaldadas por el sindicato de la Asamblea y, luego, por declaraciones, incluso, de directivos del Congreso.
Hay un dicho popular que dice que “cuando el río suena, algo trae”. Hasta ahora, lo que es ampliamente conocido es que además de los empleados institucionales, entre ellos administrativos y técnicos, también hay un personal “temporal”, que ayuda a cada uno de los diputados en la Asamblea Legislativa, y que son los encargados de hacer el trabajo territorial que el diputado no alcanza a realizar. Para este grupo de personal temporal hay un presupuesto especial por cada diputado, pero que lo administra el órgano Legislativo.
Desde el lunes, el fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo que habían iniciado una investigación en la Asamblea, y justo el martes los fiscales llegaron autorizados para el allanamiento por un Juzgado de Paz de San Salvador.
La prontitud de la actuación de la Fiscalía, como debe ser en todos los casos, dejó sorprendidos a muchos. Unos a favor de la actuación fiscal y otros, como es lógico, en contra.
Dado que el allanamiento fue adecuadamente canalizado en la Asamblea hubo todo tipo de colaboración para la Fiscalía, contrario, por cierto, a lo que ocurrió cuando la Fiscalía allanó el Ministerio de Salud por compras dudosas, cuando la Policía Nacional Civil y agentes privados se opusieron a que la Fiscalía entrara, pero al final la Fiscalía hizo su trabajo, en el sentido de secuestrar la información pertinente.
La Fiscalía ha dicho que el allanamiento es para encontrar evidencias o no de “plazas fantasmas” en la Asamblea, es decir, de pago a supuestos empleados inexistentes, tanto porque no existen o porque reciben el salario pero no desarrollan su labor en la Asamblea, sino en otros lugares, ajenos al Parlamento.
Creemos que la investigación es importante, pues eso llevará a la nueva bancada legislativa a regular y, sobre todo, ordenar las plazas en el Parlamento Nacional.
Pero, lo es también para dejar en claro si existen o no plazas fantasmas, pues ya es tiempo de que quede claro el tipo de corrupción que hay en la Asamblea Legislativa, si es que la hay.
Pero lo más importante es que a partir de este escándalo, hay un reacomodo del quehacer laboral de la Asamblea Legislativa. Las cosas allí, sin lugar a duda, deben cambiar.
La Fiscalía, además, debe apresurar las pesquisas y que no suceda como ha ocurrido en otros casos. Llama la atención, por cierto, que habiendo denuncias de supuestos casos de corrupción por los paquetes solidarios y otras compras, algunas relacionadas con el Ministerio de Salud, no haya actuado igual, quizá porque tiene paralizada la investigación en Salud, luego del allanamiento.
Hay que esperar, de parte de la Fiscalía, un trabajo serio en la Asamblea, y que no responda a la lógica de los escándalos y que tampoco quede, nada más, como acción mediática.
Es decir, si existe delito, debe haber acción directa y concreta contra el supuesto corrupto y corruptor. Es decir, es necesario que investigaciones como esta lleguen al fondo, pues no es justo que solo se alborote a la opinión pública y luego se diluyen en el tiempo.
