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José M. Tojeira
En El Salvador, como en muchas otras partes, suele haber un contraste entre el lenguaje oficial y la práctica cotidiana. La Constitución puede decir solemnemente que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero la ley trata a los ciudadanos con demasiada frecuencia de distinta manera, según sean sus condiciones económicas, políticas, culturales, etc. Ensalzamos las raíces indígenas y nos despreocupamos de la economía, la salud y la cultura de los indios. Hablamos mucho de democracia pero nos encantan las medidas de autoridad.
Estamos teóricamente contra la violencia pero nos encantan los castigos duros, a veces cercanos a la tortura. Son problemas antiguos, pero que a medida que pasa el tiempo suelen reaparecer. En los años transcurridos después de la guerra todos los partidos que nos han gobernado han caído en contradicciones de este estilo. Los políticos suelen defenderse diciendo que los de los otros partidos han hecho cosas peores, pero la semejanza en este tipo de contradicciones ha solido ser demasiado frecuente.
En realidad este problema cultural proviene de siglos de racismo. El ser humano ha tendido históricamente a dividir a las personas en superiores e inferiores. Con las diferencias étnicas el racismo, presente en muchas sociedades, ha creado demasiado dolor y muerte. Todavía en países avanzados, como Estados Unidos o Alemania entre otros, hay gente que se cree superior a otros grupos étnicos, cometen delitos vinculados al odio racial y presumen de una especie de supremacía blanca.
El racismo está condenado por activa y por pasiva en las leyes locales e internacionales, pero continúan apareciendo focos de racismo, muchas veces violentos. Pero no solo crean problemas de convivencia los grupos racistas, compuestos muchas veces por personas con probables problemas de paranoia. El problema se agrava cuando las instituciones dan muestras de parcialidad hacia unos sectores de la población y marginan o maltratan a otros.
Si un sistema judicial permite que los detenidos sean exhibidos en paños menores, hincados y presentados ya como culpables ante los medios de comunicación, no lo hacen de la misma manera con todos. A los pobres se les presenta tranquilamente semidesnudos. A diputados, corruptos con dinero, gente que ha tenido relaciones sociales amplias, se les presenta mejor vestidos y generalmente no en posiciones humillantes. Presentar públicamente a los acusados esposados como si fueran culpables es una violación del principio constitucional de presunción de inocencia. Pero incluso cuando se viola la Constitución se producen diferencias entre los considerados superiores y los vistos como inferiores.
El Salvador ha firmado un buen porcentaje de convenios relativos a Derechos Humanos. Tiene en su Constitución una verdadera insistencia en la igual dignidad de todas las personas. Pero al igual que otros muchos países, conservamos esa tendencia a diferenciar entre superiores e inferiores. De hecho el machismo, no es sino una forma patriarcal de racismo. Y de parte del Estado repetimos con frecuencia modos de actuar con mayor consideración a quienes tienen más que a quienes viven en la pobreza. No importa la tradición de personas generosas que desde el inicio de nuestra vida independiente trabajaron por la liberación de los esclavos, fueron generosas con los empobrecidos o practicaron desde su fe cristiana una verdadera opción por los pobres y por defender sus derechos.
Aunque larvado y sin una opción teórica, las formas de racismo se repiten cuando dividimos a las personas en superiores e inferiores. Los gobiernos, a través de la enseñanza y las instituciones, deben trabajar seriamente en la lucha contra estas formas de racismo, muchas veces justificados desde el odio y desde el desprecio a los pobres. Se puede y se debe hacer, y de hecho algunas instituciones han avanzado. El Salvador tiene recursos humanos e históricos que le pueden ayudar a cambiar el trato desigual que suele darse según la condición social de las personas.
La mayor protección y consideración con el pobre y el humilde es la única manera de universalizar derechos y de vencer esa manía de comparar a las personas, dividirlas en superiores e inferiores y dar un trato desigual en perjuicio para los más vulnerables.
