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Luis Armando González
La situación actual de nuestro país es particularmente crítica. Al impacto en la salud pública de la epidemia del coronavirus –cuya evolución tiene mucho de incierto—, se suma el impacto económico y social de las medidas que se han tomado para atender a la población afectada como también para contener la propagación de aquélla. Los efectos negativos, económicos y sociales, se hacen sentir con fuerza, al punto que han dado pie a decisiones orientadas a una apertura económica gradual que, sin embargo, no da señales de apuntar a una recuperación de los negocios ni de los empleos en la condición en que estaban a inicios de 2020. En lo inmediato, son los ingresos de miles de hogares –principalmente, en los estratos sociales populares— lo que se han visto reducidos o incluso perdidos totalmente. En este escenario, una pregunta obligada es la siguiente: ¿Cuál es el papel del sector público en la presente coyuntura del país, en la cual es vital una recuperación económica que contenga el mayor deterioro de la convivencia social? En el grupo de reflexión, formado en el marco de la actual coyuntura de crisis sanitaria, hemos acordado ofrecer una breve respuesta a esa interrogante*. Hemos acordado, también, entender como sector público a las instancias que conforman la institucionalidad estatal en su conjunto, y de manera específica a los tres órganos del Estado salvadoreño. Dicho esto, en lo que sigue se ofrecen las respuestas a la interrogante mencionada.
Luis Armando González (profesor universitario): El sector público –los aparatos y órganos del Estado en su conjunto— es fundamental para atender la dinámica actual de la epidemia de coronavirus –que indica que la propagación del virus no se ha detenido y que incluso da muestras de un incremento en los contagios— lo mismo que para diseñar e implementar una estrategia integral de recuperación económica y social, que debe considerar un contexto internacional también afectado por la epidemia. El liderazgo estatal es clave en estos momentos. En realidad, la atención de la situación actual no es responsabilidad exclusiva de un solo órgano de Estado y ni siquiera solo del Estado, sino de todos los sectores y actores del país. Sin un compromiso y unas responsabilidades compartidas, salir bien librados de esta crisis será algo extremadamente difícil. El sector público, además de tareas de liderazgo, debe y tiene que ser agente dinámico en áreas puntuales como: a) el diseño e implementación de una estrategia de salud pública destinada a atender oportuna y eficazmente a las personas infectadas, en especial a aquellas más vulnerables y frágiles; b) la conservación de los ingresos en los empleados del sector y c) el otorgamiento de ingresos a trabajadores y trabajadoras del sector informal y de la micro, pequeña y mediana empresa que han perdido sus entradas de dinero, de manera temporal o permanente. Ambas medidas tienen un sentido económico y social indudable: mantener los circuitos básicos de consumo que impidan que la economía colapse y evitar que la pobreza y el deterioro en la vida familiar se traduzcan en prácticas de sobrevivencia ilegales. Otros ámbitos de intervención estatal son, por un lado, la inversión pública en rubros que dinamicen el empleo y la recuperación económica; en segundo lugar, los apoyos (financieros o de otro tipo) a las empresas que han sido más golpeadas por el cierre de estos meses, de forma que puedan iniciar sus actividades en las mejores condiciones posibles; y, en tercer lugar, el establecimiento de acuerdos (y regulaciones) con el sector financiero, en la línea de aligerar o incluso eliminar las presiones que este sector ejercerá o ya está ejerciendo sobre quienes, por haber perdido sus empleos e ingresos, no pueden atender sus deudas con el sistema financiero. Por ejemplo, es inconcebible que quienes tienen tarjetas de crédito enfrenten (y sigan pagando) cobros por servicios que, desde siempre, han sido una estafa. En estos momentos, una buena decisión estatal podría ser conminar al sistema financiero a que elimine esos cobros por servicios, que son un golpe más al bolsillo de los ciudadanos. Pero medidas como estas no tienen que ser aisladas, sino parte de una estrategia de mediano y largo plazo diseñada de manera concertada con los distintos sectores y actores de la vida nacional.
Carlos Hernández (Investigador y docente universitario): De los préstamos millonarios que la Asamblea Legislativa ha aprobado para que el Ejecutivo enfrente el impacto de la pandemia y las tormentas tropicales que afectaron al país a inicios de junio, un porcentaje está destinado para las municipalidades o alcaldías. Está claro que no se cuenta de manera inmediata con la totalidad de esos fondos. Tarde o temprano llegarán a las finanzas locales. ¿Quedará a discreción de cada concejo municipal el uso del dinero extra?, ¿se utilizarán esos fondos de manera fraudulenta en la campaña electoral que se avecina? Es necesario establecer controles serios y estrictos para evitar que los fondos terminen en los bolsillos de funcionarios municipales de manera irregular o ilegal. Aquí la Corte de Cuentas tiene un enorme desafío. ¿Estará a la altura? Su prestigio no da muchas esperanzas. Por lo que una contraloría ciudadana sería ideal. En esto, concejales de oposición local podrían establecer una especie de cabildos abiertos para mantener al tanto del uso de esos fondos a la población, con información confiables y de primera mano, pues en la buena información y su uso adecuado se juegan las posibilidades de una gestión pública y social eficaz y transparente.
Óscar González Márquez (Investigador y comunicador): La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó, recientemente, que América es la región con más empleos perdidos a causa del coronavirus. En el país, se han adoptado y se adoptan diferentes medidas económicas para enfrentar este complejo escenario en el que se agudizan la pobreza y la desigualdad. Pero, ¿son suficientes? Más allá de analizar lo que se está haciendo en la actualidad en esos rubros, quisiera enfatizar tres elementos que son claves en relación al papel que debe asumir el Estado en esta coyuntura y con la mirada puesta en el futuro del país. La primera es la transparencia en el uso de los fondos públicos. La corrupción, el despilfarro y el uso incorrecto de fondos empeorarían la situación ya de por sí crítica. En Latinoamérica, estos siempre han sido temas delicados y complicados de tratar, pero en la actualidad requerirán de un mayor énfasis por las repercusiones de la pandemia. Esto tiene que ver con una clara y profunda rendición de cuentas. La segunda será generar medidas para la recuperación de empleos. Estas, sin embargo, no solo deben limitarse a pensar en recobrar los puestos perdidos, sino que la apuesta debe de ir a crear empleos decentes en una nueva matriz laboral. Esto implica una revisión y replanteamiento de las jornadas de trabajo, los salarios, las condiciones laborales, etc. Por último, se tiene que brindar apoyo y prestar atención a los sectores que se vieron más afectados por la pandemia, así como aquellos que, por sus características, tendrán mayores dificultades en la etapa post-covid. Este es el caso, por ejemplo, de los artistas y gestores culturales, cuyas necesidades no suelen ser señaladas con la debida fuerza.
Cristina Hernández (Historiadora): Las municipalidades son un actor de gran importancia. Fueron primordiales en el siglo XIX ante el naciente Estado salvadoreño, como en escenarios de emergencia y guerra. Perdieron protagonismo debido a la centralización del poder durante el XX, por lo que hoy conocemos como los tres órganos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Con esto no quiero decir que hay que volver a las dinámicas del siglo XIX, sino que busco reflexionar sobre el enorme potencial, importancia y alcance que tiene este actor social. En este periodo de coronavirus, las municipalidades, en general, han cumplido con labores respecto a control en espacios públicos, limpieza, apoyo alimenticio, sanitario, entierros y reconocimientos de cadáveres. Considero que la recuperación social y económica debe ser escalonada, partiendo de lo local a lo central. No se trata de relevar a los tres poderes de sus obligaciones, pero estos no pueden formular políticas o tomar decisiones sin conocer la realidad de su territorio, y quienes tienen mayor conocimiento de los mismos son las autoridades municipalidades. Para una reactivación y recuperación efectiva, el poder central debe proporcionar un presupuesto acorde a la población de cada municipio (similar al presupuesto de emergencia) y volver a las alcaldías sus aliados clave en esta etapa. No debe entender a las municipalidades como enemigos partidarios o como “hijos políticos” que no pueden tomar acción sin tener su consentimiento previo, sino como administradores locales, autónomos que cuentan con presencia territorial efectiva. Mientras tanto, las alcaldías deben apostarle primero a la seguridad alimentaria local, de manera que, si se producen brotes epidémicos, puedan autoabastecerse y cerrar la localidad sin problemas. Luego, educar a su población no solo en el uso de equipo de bioseguridad, sino en cómo tratar familiares contagiados sin caer en el pánico.
*En esta oportunidad, Rommel Rodríguez no participa. Y se suma al grupo Cristina Hernández.
