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Por Leonel Herrera*
Perseguir a personas inocentes y dejar impunes a las que son culpables, parece ser la lógica del fiscal general Rodolfo Delgado. Al menos en el ámbito de la lucha ambiental, esta hipótesis se confirma con el caso de los activistas contra la minería metálica.
La semana pasada, la comunidad Santa Marta y la asociación ADES reclamaron a Delgado por haber dejado impunes los asesinatos de los ambientalistas antimineros en 2009 y ahora perseguir a los líderes comunitarios que también se oponen a la posible reactivación de estos nocivos proyectos extractivistas.
Macelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera fueron cruelmente asesinados en junio y diciembre de 2009, cuando Delgado era jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, la instancia fiscal encargada de investigar dichos crímenes.
En el caso de Marcelo Rivera, fueron procesados varios miembros de pandillas como autores materiales; sin embargo, la autoría intelectual, que apuntaba hacia personeros de la empresa minera Pacific Rim, nunca fue investigada. Extrañamente, los pandilleros condenados murieron en prisión poco después de haber sido condenados.
Y en relación al asesinato de Dora Sorto y Ramiro Rivera, la unidad dirigida por Delgado ni siquiera detuvo a posibles autores materiales. Con Dora también fue asesinado su hijo de ocho meses que llevaba en el vientre y Ramiro sufrió varios atentados contra su vida antes de ser asesinado.
Ahora con Delgado como titular, la Fiscalía persigue a los defensores ambientales de Santa Marta y ADES que en aquel momento también luchaban contra la minería de metales (junto a Marcelo, Dora y Ramiro) y hoy exigen que se mantenga la prohibición de esta contaminante industria extractiva.
Los acusa de cometer una supuesto asesinato en 1989, sin más prueba que el relato contradictorio de un testigo protegido. Para juristas y organizaciones nacionales e internacionales, el caso es sólo un pretexto para perseguir su activismo ambiental y debilitar la resistencia social antiminera.
Otra evidencia de la justicia al revés del fiscal Delgado es que, mientras se ensaña contra los ambientalistas de Santa Marta, deja impunes a los autores intelectuales y materiales de las masacres cometidas por el ejército gubernamental contra dicha comunidad al inicio de la cruenta guerra civil, en la que murieron centenares de santamarteños.
Incluso, pobladores de Santa Marta afirman que los fiscales auxiliares que llevan el caso penal contra los ambientalistas llegaron diciendo que estaban investigando las masacres contra la comunidad, cuando en realidad andaban montando la espuria acusación contra sus líderes.
Este engañoso y burlesco comportamiento fiscal, frente a una comunidad que sufrió horrorosos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, es una forma cruel y sádica de revictimizarla; y criminalizar a sus miembros es una estrategia perversa y maquiavélica que busca convertirla de víctima a victimaria.
Por decencia, no sólo por legalidad y justicia, Delgado debería retirar la falaz acusación contra los defensores del agua de Cabañas; y, por coherencia con su función constitucional, debería investigar las masacres contra Santa Marta y procesar a los asesinos de los mártires antimineros Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera.
*Periodista y activista social.
