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“Crimen de lesa patria”

Por Leonel Herrera*

“Crímenes de lesa patria” son aquellas acciones delincuenciales que atentan contra los intereses de un país y los derechos de toda su población. Es decir, las víctimas no son únicamente los afectados directos, sino la sociedad en su conjunto; y son todavía más graves cuando quien los comete es el propio Estado.

Uno de estos crímenes lo vienen cometiendo, desde hace más de diecisiete meses, la Fiscalía y algunas instancias del sistema judicial salvadoreño. Me refiero a la detención arbitraria y al injusto proceso penal contra los defensores ambientales de Cabañas, enviados a juicio a pesar de la falta de pruebas reales en su contra.

En un comunicado publicado esta semana en sus redes sociales, Santa Marta y ADES señalan que -al privar de libertad a los líderes comunitarios- el Estado salvadoreño “también les negó la posibilidad de seguir cuidando el agua, defendiendo el medioambiente y procurando la continuidad de la vida humana en el país”.

Por tanto, sostienen que la farsa judicial no sólo violenta el derecho a la libertad, seguridad e integridad de los ambientalistas; sino que “también constituye una vulneración al derecho del pueblo salvadoreño a un medioambiente sano, ya que ha sido privado de los beneficios del activismo ecológico de los líderes comunitarios”.

Ciertamente, la labor de los defensores ambientales de Cabañas es de vital importancia para la existencia del país, dado que lideran la resistencia comunitaria contra proyectos mineros que representan una amenaza letal, sobre todo por el uso intensivo de agua, la contaminación con químicos tóxicos como cianuro y la generación de drenaje ácido.

Su lucha fue fundamental para salvar al país del desastre nacional de la minería, mediante la aprobación de una ley prohibitiva de esta nociva industria, en marzo de 2017; y actualmente son actores claves de la resistencia contra el intento de reactivarla a pesar de estar proscrita legalmente. Por tanto, la criminalización y persecución legal contra ellos es un agravio para el país.

En tal sentido, toda la población debería darse por aludida y asumirlo como un ataque en su contra, pues se ve amenazado su derecho al medioambiente, al acceso al agua, la alimentación, la salud, la seguridad, la integridad y la vida; y exigir a las instancias fiscales y judiciales el cese de este “crimen de lesa patria”.

Como bien han señalado diversas organizaciones nacionales e internacionales, el Estado salvadoreño debería honrar y reconocer el aporte de quienes ayudaron a salvar al país del desastre ecológico y social del extractivismo minero, en vez de detenerlos y encarcelarlos. Los activistas ambientales de Santa Marta y ADES deberían ser declarados héroes nacionales.

Ojalá que el país sea consciente de que -dada la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y el estrés hídrico- la continuidad de la vida en el país depende de mantener la prohibición de la minería metálica; y esto, a su vez, pasa -hoy por hoy- por lograr la libertad de los activistas ambientales de Santa Marta y ADES.

*Periodista y activista social.

 

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