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Consideraciones en torno a la ley de agua

Ricardo Navarro
CESTA-MOVIAC

En este documento se explica lo que está sucediendo en torno a la discusión legislativa sobre el tema del agua y se hace una propuesta de cómo debería legislarse este bien hídrico.

La ley integral del agua

En junio de 2017 un grupo de diputados y diputadas dieron el aval para que se introdujera una pieza de correspondencia donde se presentaba una propuesta de Ley Integral del Agua, la cual tiene artículos que a continuación se presentan en forma resumida:

Art. 4 y 5. El agua es un bien nacional de uso público, su dominio pertenece a la nación y lo conforman las aguas continentales, corrientes naturales, lagos, lagunas, playas, ríos, etc.

Art. 10 y 11. Se crea la Autoridad Hídrica que será el ente rector y ejercerá las funciones de encargada de la gestión integral de los recursos hídricos.

Art. 14. La facultad y atribuciones de la Autoridad Hídrica la ejercerá y determinará una junta directiva formada por 5 miembros, un director lo nombra el presidente, dos directores los nombra COMURES y otros dos los nombra ANEP.

Art 165. Se derogan varios artículos de la ley de riego y avenamiento, de la ley de gestión integrada de los recursos hídricos, de la ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, de la ley de medio ambiente y recursos naturales y de otras leyes.

Con esta propuesta de ley integral del agua, no se están dando en propiedad los recursos hídricos y ese es el argumento que utilizan los partidos de derecha para decir que el agua no se está privatizando. Sin embargo, la realidad del caso es que se está creando una autoridad hídrica con el poder para tomar las decisiones estratégicas sobre el recurso hídrico y centralizar las tareas importantes al derogar funciones de otras entidades como ANDA y el MARN. En esta autoridad hídrica van a prevalecer los intereses corporativos ya que tiene dos delegados de ANEP y de los dos de COMURES, uno tendrá que ser de ARENA, y como las decisiones se toman por mayoría simple, la decisión de qué hacer con el recurso hídrico estará en manos de los grupos corporativos, aunque dicho recurso siga siendo propiedad de la nación.

En síntesis, la ley integral de agua pretende generar las condiciones legales para que la utilización del recurso hídrico sea decidida según los intereses de sectores corporativos, lo cual va en detrimento de la mayoría de la población.

En los últimos días los partidos de derecha, presionados por todas las protestas de la sociedad civil, han afirmado que no van a privatizar el agua y van a quitar el artículo 14 de esa ley integral del agua, inclusive el candidato a presidente por ARENA llegó a la Asamblea Legislativa a pedir que el agua sea considerada como derecho humano en la Constitución, algo a lo que ARENA siempre se ha opuesto desde legislaturas anteriores.

Para poder tener confianza en esta afirmación de los partidos de derecha, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa deben renunciar a esa propuesta integral de agua y retomar la propuesta anterior de ley general de agua que presentó el MARN, después de haber consultado con muchas asociaciones de la sociedad civil y de la cual ya se habían revisado y aceptado 92 artículos.

Las Propuestas

El agua potable es un bien cada vez más escaso en el territorio salvadoreño, si bien se tienen generalmente lluvias abundantes, el problema es que el territorio ha sido tan deteriorado en su cobertura boscosa que buena parte de esa lluvia no llega a los mantos acuíferos subterráneos, sino que corre según la gravedad y genera inundaciones aguas abajo, terminando el líquido rápidamente en el océano. El resultado de esto es que siempre existe escasez de agua potable en el país, lo cual significa que no hay suficiente, todas las personas entonces siempre permanecen, amplios sectores de la población, sin el debido recurso, a veces pagando precios exorbitantes a suministradores privados y casi siempre utilizando agua de mala calidad. Lo más preocupante de esto es que la situación se continúa agravando con el tiempo, cada vez hay más déficit de agua y cada vez tiene niveles más altos de contaminación.

En vista de lo anterior lo más conveniente es realizar una gestión del bien hídrico que atienda la integralidad del problema, como es la falta de agua en muchos sectores de población, los niveles altos de desperdicio o falta de eficiencia en el uso en muchas actividades, el deterioro del ciclo hidrológico, la contaminación y los impactos a mediano y largo plazo del cambio climático en el agua. Esto significa que la gestión del bien hídrico debe realizarla una entidad con visión de beneficio público y que pueda garantizar que su utilización se realice con criterios de justicia y racionalidad. En ningún momento se debe permitir que un bien tan esencial para la vida humana termine siendo gestionada por manos privadas que buscan sus propios intereses económicos.

La forma más efectiva de gestión pública es que el organismo competente esté totalmente bajo la responsabilidad de el Estado, en concreto bajo la dirección del gobierno central, como puede ser un viceministerio del agua adscrito al MARN.

Otra forma de gestión pública sería la formación de una autónoma con una junta directiva formada por representantes de organismos del sector público como los ministerios de agricultura, salud, ambiente, alcaldías, etc., pero esto no tiene ningún sentido ya que un viceministerio siempre está en capacidad de formar con otras entidades públicas cualquier comisión para atender problemas de cualquier índole. Una autónoma con solo representantes del sector público lo único que hace es aumentar la burocracia, ya que no le da ningún agregado técnico, ni político, más allá de los que se dispone como viceministerio. Además, formar una autónoma siempre implica desligar un poco el manejo del bien hídrico de la responsabilidad de conducción del gobierno central y a veces terminan siguiendo caminos distintos y otorgando privilegios inadecuados.

La idea de crear una autónoma busca casi siempre incorporar en el manejo del recurso a otros intereses que pudieran sumarse a los intereses representados por el sector público, pero la autónoma a menudo termina siendo contaminada por intereses no muy legítimos y ajenos a los intereses del sector público, a veces corrompiendo a los representantes de entidades públicas.

Los partidos de derecha de la Asamblea Legislativa recibieron con beneplácito la propuesta de formar una autónoma, de hecho, en eso consiste la autoridad hídrica, solo que con representantes cercanos a sus intereses ideológicos. Si se toma la decisión de formar una autónoma con apertura a otros intereses además de los del sector público, van a surgir muchos sectores interesados en participar como empresarios, académicos, comerciales, industriales, indígenas, juntas de agua y ambientalistas, así como muchos otros sectores que van a exigir su derecho de participación. Conociendo cómo es la actual conformación de la Asamblea Legislativa lo que posiblemente suceda es que se forme una autónoma donde se da el poder de decisión a los grupos privados corporativos, aunque se incorporen a otros sectores sociales o ambientales para dar una imagen de que se busca ser inclusivos. Si verdaderamente se intenta ser inclusivo, no va a ser posible incorporar a todos los sectores interesados y van a quedar por fuera muchos sectores descontentos.

Con un viceministerio del agua, al menos queda la esperanza que alguna vez llegue al gobierno central un partido político interesado en gestionar el bien hídrico con justicia y racionalidad, pero al formar una autónoma con la estructura de poder que se tiene ahora en el Órgano Legislativo, va a quedar para siempre una entidad donde el poder radica en los sectores inadecuados.

Muchos intereses particulares pueden ser genuinos, entonces lo que se puede hacer es que a la par del viceministerio se forme un Organismo Contralor al cual podrían pertenecer todos los sectores interesados y que tuviera como única finalidad vigilar que todo se haga en la forma correcta, lo que permitiría poder denunciar cualquier anomalía. Inclusive se podría pedir que las reuniones se transmitieran por canal 10 o Skype y ver desde la oficina lo que está ocurriendo.

Cuando se afirma que la gestión del agua debe ser pública, no significa que se excluya a la empresa privada de participar, como sucede con la participación de la empresa privada en otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas decide dónde hacer las carreteras, pero son las empresas privadas quienes las construyen. Bien podría suceder que el viceministerio del agua decida llevar agua a una determinada zona para abastecer a un poblado que no cuenta con esos servicios y sea una empresa privada la encargada de poner las tuberías o controlar la calidad del agua.

Estructura de un viceministerio

Además de todas las regulaciones y logística que requiere el funcionamiento de un órgano de Estado, un viceministerio de agua debe comprender al menos los siguientes aspectos que podrían materializarse en departamentos del viceministerio:

Conciencia. Un departamento debe siempre estar generando conciencia en la población sobre la necesidad de proteger el bien hídrico, no desperdiciándolo, no contaminándolo, no destruyendo las zonas de recarga acuífera y utilizándolo con mesura y eficiencia.

Justicia. Debe existir una instancia en el viceministerio que tenga por objeto garantizar que el agua llega a todos y todas en la cantidad y calidad necesarias.

Disponibilidad. Otro departamento debe tener como función garantizar que el ciclo hidrológico se mantiene, evitando la destrucción de las zonas de recarga acuífera y rehabilitando las zonas que hayan sido destruidas.

Calidad. Una instancia debe tener por objeto proteger el agua de contaminación, regulando el uso de agrotóxicos, vertidos industriales, comerciales y hogareños y buscando siempre que el agua servida sea apta para consumo humano.

Eficiencia. Esta instancia debe garantizar que la utilización de agua sobre todo en procesos industriales se haga con eficiencia. Hay procesos de riego agrícola que consumen 10 veces lo que consumen otros procesos y hay servicios sanitarios que consumen el doble que otros y así muchas tecnologías. El objetivo entonces será exigir los niveles más altos de eficiencia en el uso del agua.

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