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Guido Castro Duarte
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La insistencia de la dirigencia arenera por el recuento voto por voto y el supuesto fraude electoral, advice a pesar de haber sido firmada, store por unanimidad el Acta de Escrutinio Final de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, doctor refleja su desesperación ante un resultado electoral adverso que representa un quiebre histórico que implica la pérdida del control del Estado por parte del centralismo mercantilista autoritario, representado por ARENA.
Exigir el recuento voto por voto, en primer lugar, resulta ilegal, ya que el Código Electoral solo lo permite cuando los votos impugnados son mayores que la diferencia entre los dos partidos contendientes, en otras palabras, solo si los votos impugnados pueden marcar la diferencia ante un resultado muy cerrado, pero este no es este el caso, ya que la diferencia es de más de seis mil votos y los impugnados de poco más de cuatro mil votos.
Siendo ello ilegal, el objetivo real es el de deslegitimar al segundo gobierno consecutivo de la izquierda política salvadoreña y preparar el escenario para la campaña electoral de las elecciones legislativas y municipales del 2015, en la que proclamarán a todos los vientos, que fueron víctimas de un fraude y que el FMLN representa a un gobierno ilegal e ilegítimo, y por tanto, que debe ser bloqueado en los próximos tres años, desde el ámbito legislativo, y conservar y recuperar alcaldías municipales y fortalecerse para las presidenciales del 2019.
Presenciamos la desesperación del principal grupo de poder económico salvadoreño, que ha manipulado el ejercicio del poder, lo que le ha permitido crear un sistema de privilegios que ahora se ve amenazado por el signo ideológico del nuevo gobierno y por el surgimiento de otros grupos económicos.
El único culpable de la derrota arenera es la oligarquía criolla, el G20 como la llamó Walter Araujo, ya que son sus integrantes los que tomaron el control de ese partido que fundara el mayor Roberto D’Aubuisson y un grupo de agricultores y profesionales, y lo utilizaron como instrumento de manipulación del Estado a partir de la presidencia de Alfredo Cristiani, creando un sistema de privilegios y apropiándose de los principales activos del Estado como los bancos, las telecomunicaciones y de millones de dólares, como dejó evidenciado en su declaración el propio ex presidente Francisco Flores.
Para la oligarquía salvadoreña no es tan fácil decir “nos vamos con nuestro pisto a otro país”, en primer lugar, porque no tendrán los mismos privilegios que en El Salvador, ni las mismas ganancias, porque tendrían que sujetarse a un marco legal y no podrán actuar con la impunidad con que operan en El Salvador.
En otras sociedades, sus capitales no son tan significativos, se convierten en simples ciudadanos, harán las filas de espera de todo el mundo, pagarán impuestos, tendrán que pedir cita como cualquier ciudadano y no tendrán en su celular los números directos de los principales funcionarios del Estado.
Ojalá que el quiebre histórico que representa este resultado electoral, se traduzca en beneficios para la población en general y el imperio de un estado constitucional de derecho.
Ha llegado el momento de cambiar estructuras que por décadas fueron levantadas por el mercantilismo para impedir que la población ejerciera con libertad todos sus derechos. Esto nos lleva a la discusión de una profunda reforma constitucional, que rompa con la partidocracia, que permita la verdadera participación popular en la toma de decisiones y vuelva el sistema económico más democrático y generador de justicia social.
También hay que iniciar una reforma cultural, hay que desactivar la cultura de la violencia, de la confrontación y de la exclusión, El Salvador no puede seguir en una confrontación social eterna, tenemos que llegar a comprender que somos hermanos y que estamos llamados a conformar una verdadera Nación Salvadoreña.
La antigua oligarquía tiene que aprender a vivir según las reglas de la democracia, a entender que sus votos valen igual que los de todos los salvadoreños, que tienen que colaborar con sus impuestos en la construcción de la justicia social y que deben abrirse a un dialogo permanente para estructurar el proyecto histórico de todos los salvadoreños y poder construir un futuro lleno de esperanza para todos.
