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La canciller venezolana Delcy Rodríguez denunció que gobiernos de derecha de América Latina atacan a Venezuela y su sistema democrático.
Rodríguez rechazó, en nombre del Gobierno de Venezuela, un comunicado de Perú, que calificó de injerencista porque transgrede asuntos de la jurisdicción interna venezolana.
Además, repudió que el Gobierno peruano apoye a sectores violentos y extremistas de Venezuela.
La canciller instó a Perú a atender a los 124.161 damnificados reportados en el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
Los Gobiernos derechistas de Perú, Colombia, Chile, México y Brasil emitieron declaraciones sobre su «preocupación» por la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que decreta que el Máximo Tribunal del país será el encargado de ejercer las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional (AN) con el objetivo de resguardar el Estado de Derecho, debido a que ese ente con mayoría opositora se encuentra en desacato a las leyes de la República.
Estos gobiernos de derecha fueron derrotados por la diplomacia venezolana durante la sesión extraordinaria del martes 28 de marzo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la cual se pretendía activar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido señalado por el Gobierno venezolano como el dirigente del ataque contra Venezuela, bajo órdenes del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Almagro es el principal impulsor de la Carta Democrática contra Venezuela, pese a que no existen las bases legales para aplicarla. Además, se ha reunido con dirigentes de la derecha venezolana.
TSJ de Venezuela asume competencias parlamentarias ante desacato de AN
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió una sentencia que decreta que el Máximo Tribunal del país será el encargado de ejercer las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional (AN) con el objetivo de resguardar el Estado de Derecho, debido a que ese ente con mayoría opositora se encuentra en desacato a las leyes de la República.
El TSJ venezolano declaró en desacato el 5 de enero de 2016 a la AN por juramentar a tres diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas (sur) el 6 de diciembre, luego de ser suspendidos provisionalmente a causa de irregularidades de votos en esa región. Esta medida hace que todas las acciones del Parlamento desde entonces sean nulas mientras los legisladores no sean desincorporados.
La situación de desacato se mantiene en el ente legislativo venezolano hasta la actualidad con la nueva directiva nombrada en desacato y que se niega a aceptar las sentencias emitidas al respecto por el órgano judicial desde principios de 2016.
La decisión tomada por el Tribunal de Venezuela el miércoles se dio a través de un recurso de interpretación interpuesto por la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP), al artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, referente a la constitución de empresas mixtas.
«Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para verla por el Estado de Derecho», sostiene el documento.
La abogada María Alejandra Buena explicó en entrevista para teleSUR que la directiva de la AN es inexistente porque ellos decidieron permanecer al margen de la Constitución.
Sostiene que debido a que la AN se encuentra en desacato aquellas decisiones que se supone le competen, deben ser tomadas por la Sala Constitucional por ser este el máximo interprete de la Constitución. También apuntó que la actual directiva busca frenar el desarrollo del país, mientras que el TSJ genera las condiciones para que no se pare.
La jurista explicó que Julio Borges, nombrado presidente de la AN y vocero de una campaña internacional contra el Gobierno de Venezuela, no ocupa realmente ese cargo porque la juramentación fue ilegítima, debido a que la anterior directiva no levantó el desacato, él asumió en el marco del desacato, y aunque la directiva liderada por Ramos Allup tiene la posibilidad de cambiar la situación, ellos prefieren permanecer en desobediencia.
Por su parte, el abogado constitucionalista Enrique Tineo Suquet expresó también en una entrevista para teleSUR que la AN tiene la posibilidad de ponerse en ley, simplemente, solicitando al presidente electo de la Asamblea Henry Ramos Allup convocar a una sesión para retirar los tres parlamentarios y llamar a elección para nueva Junta Directiva.
«Aquello que no puede hacer la AN lo debe hacer la Sala Constitucional para evitar que el Estado se diluya», enfatizó Tineo Suquet.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por medio del artículo 336.9 cede facultades a la Sala Constitucional del TSJ para resolver cualquier situación que se presente entre los Poderes Públicos.
La Sala Constitucional advirtió, ante el desacato de la AN, que no existe ningún impedimento para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas tomando como base en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. De esta forma, el Ejecutivo, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a la Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones.
