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Cada vez estamos más convencidos de la complicidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sovaldi sale en la agenda desestabilizadora que la derecha empresarial perversa y política mantiene en marcha, search para socavar al Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.
Y es que ha trascurrido más de un año, desde que cuatro de los cinco magistrados de la Sala ordenaron suspender la venta de los bonos por valor de 800 millones de dólares, al tiempo que ordenaron no invertir los cien millones que el Gobierno recibió tras poner a la venta los 900 millones en bonos.
Desde hace unos 20 años, los presupuestos de la nación ponen en venta títulos valores, es decir bonos y letes del tesoro, para cubrir el Presupuesto General de la Nación, y o para cubrir algún gasto o inversión extraordinaria.
Y dado que los impuestos no se reciben al mismo tiempo que el Gobierno necesita hacer la inversión o el gasto, se ha recurrido cada año a la venta de bonos y letes del tesoro.
Los 900 millones de dólares en bonos que la Asamblea Legislativa aprobó con el voto calificado, es decir, 56 votos, serviría precisamente para complementar los presupuestos nacionales del año pasado y el presente año.
De forma burlesca, más de algún magistrado de la Sala de lo Constitucional ha retado al Gobierno a que presente nuevamente en la Asamblea Legislativa la petición de los 900 millones de dólares en bonos, a sabiendas, que la estrategia de los diputados de ARENA en el Congreso es no aprobar ningún préstamo que le sirva al Gobierno para enfrentar sus obligaciones.
En este sentido, la Sala es también doblemente perversa porque saben de la agenda de ARENA, que es la de socavar al Gobierno por todos los flancos, incluyendo el tema de la liquidez financiera.
Si los cuatro magistrados de la Sala –Sidney Blanco, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Belarmino Jaime- no siguieran la agenda desestabilizadora de la derecha, ya hubieran resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decreto de aprobación de los 900 millones en bonos.
Creemos que agilizar el estudio de este recurso, dado que tiene que ver con el equilibrio de las finanzas públicas, además de ser un tema de gobernabilidad, los magistrados estaban obligados a pronunciarse con la prontitud del caso.
La derecha política y empresarial le apuesta al descalabro del Gobierno, y cuando la Sala se retarda en resolver un tema de interés capital, y por tanto de nación, pues deja en evidencia que está acompañando a la derecha política y empresarial en su agenda desestabilizadora. El pueblo en general debe tomar conciencia de esta realidad, y no quedarse de brazos cruzados pues, más temprano que tarde puede haber un crisis de alcances insospechados para todo el pueblo.
