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@GloriaCoLatino
El colectivo de abogados especializados en derechos humanos de ex Tutela Legal del Arzobispado, case refundaron este día, sovaldi una nueva oficina de asistencia jurídica, for sale denominado “Dra. María Julia Hernández”, que atenderá diversas causas de la población civil, explico Wilfredo Medrano.
“Después de ese abrupto cierre de Tutela Legal de San Salvador, por el Arzobispo José Luis Escobar Alas, tomamos la idea de organizarnos y seguir con el trabajo que inició treinta años atrás, María Julia Hernández”, dijo.
María Julia Hernández nació el 30 de enero de 1939, se especializó en defensa y promoción de derechos humanos, trabajando muy de cerca con Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue nombrada directora de Tutela Legal del Arzobispado, por Monseñor Arturo Rivera Damas, el 3 de mayo de 1982, puesto que dejó hasta su muerte el 30 de marzo de 2007.
¿Cómo surge la idea de una nueva Tutela Legal?
– Nos organizamos pensando en seguir trabajando por la gente y respetando el legado y la lucha histórica en pro de los derechos humanos. Nos han dado muchas muestras de apoyo para seguir adelante en este proceso de constitución de la nueva Tutela Legal Dra. María Julia Hernández.
¿Cómo se han organizado?
-Tenemos la personería jurídica otorgada por el Ministerio de Gobernación, gracias a Dios no tuvimos inconvenientes, hemos hecho todos los procesos de forma correcta y ordenada, así que no tuvimos obstáculos para legalizarnos.
¿Cómo influye este trabajo jurídico-social?
-Se da más apertura y más espacios a la población, para que pueda acudir a interponer sus denuncias, y nosotros seguiremos en este trabajo que hemos venido desarrollando por más de tres décadas desde Tutela Legal.
Vamos a seguir en nuestros casos, porque tenemos el respaldo total de los comités de víctimas de casos emblemáticos durante el conflicto armado, como las Masacres de El Sumpul, La Quesera y el de la contaminación de Baterías Récord, que es más actual.
¿La Masacre de El Mozote?
– Ese es otro caso emblemático, que estamos dándole seguimiento y supervisión de cumplimiento a la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos en contacto directo con el gobierno salvadoreño, para dar cumplimiento, hay avances y una buena señal que van acatar la sentencia… la parte oficial.
Nosotros vamos impulsar investigaciones donde estén involucrados agentes del Estado salvadoreño que incurran en graves delitos en contra de la vida u otros derechos humanos que afecta a la población en general.
Este tipo de actos de violencia se han reducido especialmente en materia de derechos humanos, ahora la población más afectada es la juventud y trabajaremos en la prevención de la violencia, con apoyo de la cooperación internacional.
¿Cuál fue la lectura de la cooperación internacional con su despido colectivo?
-La cooperación internacional lejos de cerrar sus puertas o dejar el trabajo que realiza con nosotros; nos han reiterado que continuarán apoyando nuestra iniciativa y que comparten la visión del proyecto. Claro, lo más importante de todo esto, es que creen en nuestro desempeño por la experiencia de trabajo de treinta años.
Esto ha sido de gran alegría para nosotros, que nos comprueba que no estamos solos, así también, la gente acá nos exigía que fundáramos nuestras propias oficinas.
¿Hubo apoyo gubernamental?
-Una fue la muestra de apoyo del Presidente de la República, Mauricio Funes, quien dijo en una ocasión que no comprendía las decisiones que había tomado el Arzobispo de San Salvador (José Luis Escobar Alas), que enviaba una mala señal al no acompañar al pueblo en sus luchas de justicia.
¿Existió algún apoyo al cierre de Tutela Legal?
-Si, hubo un apoyo a la decisión tomada por el Arzobispo Escobar Alas, de cerrar Tutela Legal, de los de sectores de poder y más conservadores, porque le tienen cierta aversión a las organizaciones de derechos humanos que luchan contra la impunidad.
Y no podemos soslayar tampoco, el ataque a otras organizaciones como Pro Búsqueda, donde un grupo armado ingresó y conminó con sus armas de fuego al vigilante y al personal administrativo para destruir y quemar expedientes que estaba diligenciando esta institución, esto se da, luego del cierre de Tutela Legal del Arzobispado.
¿Cómo interpretan ustedes el cierre de Tutela Legal?
-Es un acto de desprecio hacia las víctimas, en este caso del Arzobispo Escobar Alas, ya que de manera irresponsable cerró la oficina, pese a los compromisos adquiridos con los familiares de las víctimas y la cooperación internacional.
Al cortar de tajo toda la comunicación y dejar en el aire los casos que se llevábamos judicialmente generó preocupación de los afectados, porque en este país nadie invierte, -a excepción de la PDDH- en la defensa de la dignidad humana.
¿Cómo podrán los afectados contar con sus expedientes en la ex -Tutela Legal?
-Sabemos que el señor Arzobispo ha dicho que todos esos archivos pertenecen a la Iglesia, pero la gente tiene todo el derecho de presentar un escrito para que la nueva oficina que han creado, entregue ese expediente.
De forma colectiva también, los afectados pueden nombrar a un abogado particular , para que solicite la certificación de su expediente, la cuestión es que, ese archivo histórico de más de 50 mil expedientes , no es propiedad de la Iglesia Católica.
¿Existe un recurso de amparo por esos expedientes ante la Sala de lo Constitucional?
-Si, pero no ha sido admitida tenemos confianza que le darán el trámite correspondiente pero ellos se mueven a sus tiempos, fue presentado el 4 de diciembre de 2013, por las asociaciones de víctimas de las Masacres El Mozote, La Quesera, El Sumpul y Baterías Récord, esto está pendiente, y nosotros los vamos acompañar porque seguimos en la senda de la defensa de los derechos humanos.
