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@JoakinSalazar
Los seis empleados de la Policía Nacional Civil (PNC), thumb cinco agentes y un administrativo, thumb suspendidos sin goce de sueldo el viernes 18 de marzo, por parte del tribunal disciplinario de la corporación policial, recurrieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para anular la acción disciplinaria.
Los cinco agentes policiales y el administrativo fueron suspendidos por su participación en la marcha del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP), realizada semanas atrás, para exigir mejoras salariales en la PNC, ante la Casa Presidencial, en donde anunciaron que llamaría a un paro laboral.
“Estamos presentando un proceso de amparo, pues a ellos se les ha violentado su estabilidad laboral, por que se les ha suspendido sin goce de sueldo, sin haber sido juzgados previamente”, expresó el abogado Fernando Meneses.
El recurso busca que los seis trabajadores sean reinstalados en sus puestos de trabajo con goce de sueldo y que dicha investigación continúe sin perjudicar su estabilidad laboral.
“Estamos de acuerdo a que abran un proceso de investigación, pero si estamos en contra de una decisión tan arbitraria, porque está dañando la economía de cada hogar de estas personas”, agregó Meneses.
Los cinco policías y el administrativo no han sido despedidos, sino que han sido suspendidos, por lo cual ellos deberían de continuar laborando o percibiendo el sueldo que les garantice su estabilidad laboral, defendió el abogado Meneses.
Marvin Reyes, líder del Movimiento detalló que estas acciones del tribunal disciplinario atentan los acuerdos con el Gobierno.
“Rechazamos de manera contundente estas acciones represivas de las autoridades policiales y del gobierno, porque atentan contra la estabilidad laboral, derechos humanos, derecho a la familia y el bienestar económico”, dijo Reyes.
Para el abogado, la Policía es “civil”, por lo que sus derechos como personas civiles no se pierden, por lo que debe garantizarle sus derechos.
“En este país puede uno asociarse libremente y manifestarse pacíficamente, por lo que exigimos que se respete la constitución”, dijo el abogado.
La defensa explicó que el fundamento constitucional presentado ante la Corte Suprema de Justicia, es que no existió un debido proceso por parte del Tribunal Disciplinario. El abogado le resta validez al Reglamento Disciplinario que debe cumplir todo policía y los administrativos.
