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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), consideró que la ausencia de los proyectos alternativos para nuevas iniciativas económicas de los mineros artesanales o güiriceros podría influir en la negativa de esta población de acatar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica e incentivarlos a pedir la derogatoria del artículo 2, sobre el tema del tiempo para explotar las minas.
Las minas de San Sebastián se encuentran en el municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, que se constituye en un importante enclave económico y comercial que mantiene dividido a un grupo de comunitarios que demandan agua potable y rescate del medioambiente y los mineros artesanales que se niegan a dejar la actividad extractiva, mientras no haya otras opciones productivas.
“La ley de prohibición de la minería ha sido una lucha de convicción de casi trece años de los pobladores para salvar sus territorios, para que no los contaminen o destruyan las empresas mineras. Lucha que nosotros hemos acompañado”, afirmó Belloso.
¿Qué pudo influir para que los mineros artesanales se negaran a acatar la nueva ley?
-Esta es una ley importante que protege al medioambiente que ha contado con alrededor de trece años de gestiones y por convicción de la gente. Es todo un trabajo a nivel nacional impulsándola. Sin embargo, desde hace tiempo sabemos que las problemáticas de un territorio dedicado a la explotación minera, sin importar que sea artesanal, debe abordarse a profundidad y buscar mejores mecanismos para integrar proyectos.
No obstante, no se puede dejar que un determinado grupo de personas que se dedican a la minería y que buscan la derogación del artículo 2 de la ley le permita abrir una puerta a la minería industrializada, que ha contaminado nuestro territorio. Y como prueba, el drenaje ácido del río San Sebastián.
¿Cómo abordar el problema?
-Entendemos la situación de muchas personas que se dedican a la minería artesanal, porque es así como llevan el pan a sus familias y se tiene que pensar en ellas y la ayuda que deben recibir, aunque no sea una gran cantidad de personas. Nosotros somos de la idea, que siempre los más afectados son los pobres -y lo digo precisamente- porque quienes se meten a las minas, sacan la roca y se matan procesándolas, no son los molestos con la normativa, sino quienes comercializan el mineral porque afecta directamente su economía y pueden ser personas naturales o jurídicas.
¿Qué piensan de llevar acabo la petición de derogar el artículo 2 de la ley?
-La Asamblea Legislativa lo que definió en el artículo número 2 es el tiempo para seguir en la explotación minera artesanal, que son dos años, para que busquen otras vías de producción y pasó ya un año. ¿Qué se puede hacer? Bueno, discutir y llevar propuestas desde las instituciones responsables.
Y hablo del Estado en su conjunto, así como las autónomas y el gobierno local, para involucrarse en esta dinámica de concertar con los mineros y buscar otra producción en la zona que no afecte, ni dañe el medioambiente. Podrán los diputados darles cinco o diez años más de prórroga, pero tendríamos que ver el problema más allá, no es solo el problema de dar más tiempo, sino un cambio en el modo de vida y producción. Por eso insisto que se debe desarrollar todo un diagnóstico de la población misma y sus necesidades. Porque aquí, solo porque he sido minero todo el tiempo voy a seguir en eso, aquí habrá un momento que eso se puede acabar y después ¿qué voy a hacer, seguir aferrado a una dinámica de producción que ha venido teniendo este pueblo?, tampoco. Lo recomendable es implementar mecanismos y eso significa contar con tierras.
¿Qué medidas a corto plazo para implementar?
-Commerce Group como responsable de contaminar el río San Sebastián, sería bueno que tomaran las tierras, pero si no se hace cargo será responsabilidad del Estado trabajar en ponerse en función de rescate del río. Los gobiernos municipales también deben contribuir porque participaron dando permisos a las mineras de explotar los recursos naturales.
Claro, como CRIPDES, no estamos dispuestos a que la ley de prohibición de minas sea derogada, porque muchas empresas mineras, funcionarios y políticos, aquí hablo de diputados y diputadas que están interesadas en que se derogue la normativa y eso, tampoco lo vamos a permitir. Hemos luchado por eso más de trece años para que se apruebe y proteger el patrimonio nacional que incluye el agua y el medioambiente.
