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@OscarCoLatino
En el marco de la asistencia técnica que la Superintendencia de Competencia recibe de la Comisión Federal de Comercio y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se desarrolló la conferencia “Aplicación Eficaz de las Herramientas de la OCDE para la Evaluación de la Competencia”.
Francisco Díaz, superintendente de Competencia explicó que durante la conferencia se trató sobre la importancia de la competencia, además de las normas que dificultan la competencia en cualquier ordenamiento jurídico.
Las regulaciones promulgadas por los gobiernos tienen diferentes e importantes objetivos económicos y sociales, por lo que resulta óptimo que cualquier reforma o evaluación de regulaciones se sustente en un estudio equilibrado de todos los beneficios y costos económicos y sociales para llegar a emitir un juicio objetivo y justo.
La Superintendencia explicó que las herramientas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) son un marco general para funcionarios que diseñan política pública, debido a que proporcionan elementos adicionales para comprender el funcionamiento de los mercados, transparentar los factores que intervienen en la toma de decisiones y proporcionar un instrumento relevante para contribuir a tomar decisiones al ponderar los pros y contras de la regulación.
De igual forma, la Superintendencia afirmó que las herramientas de la OCDE son un aporte para identificar restricciones innecesarias o excesivas a la competencia en las normas, regulaciones y políticas públicas.
Multas
Díaz indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) inició un proceso para embargar tres cuentas a nombre de una empresa distribuidora de harina, esto debido a una multa por más de $1.8 millones que le fue impuesta a la empresa. El funcionario agregó que la Superintendencia impuso 86 multas, que suman más de $16 millones, sin embargo, hasta la fecha solo se han pagado 36 de las mismas, por un monto de $2.9 millones, es decir, el 19 % de las sanciones impuestas.
“La Fiscalía tiene varios procesos en curso, no le puedo decir exactamente cuáles son, hay otros que están inmovilizados por decisiones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la anterior Sala decretó medidas cautelares, es decir, congelan la decisión de la Superintendencia hasta en tanto no la haya revisado íntegramente la sala de lo Contencioso”, detalló Díaz.
