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Bogotá/PL
El respaldo al alcalde bogotano Gustavo Petro, pharmacy destituido e inhabilitado 15 años por la Procuraduría, cobró un nuevo ascenso a raíz del detonante que significó la suspensión temporal del dictamen por la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El tema ocupa espacios permanentes en todos los medios de difusión del país, con capsulas noticiosas que interrumpen los programas televisivos de preferencia cada vez que asoma un ángulo distinto o algún pronunciamiento de analistas o juristas que arrojan nueva luz sobre el caso.
Así ocurrió la víspera con las declaraciones del abogado constitucionalista Germán Calderón, quien advirtió que el artículo 33 de la ley 1551 de 2012 puede privar de toda validez el fallo contra Petro emitido por el procurador Alejandro Ordóñez.
Esa ley, especificó, faculta solo a los jueces penales para solicitar al presidente de la República la destitución de un funcionario y, para hacerlo, es imprescindible que el funcionario objeto de la sanción haya sido penalizado antes judicialmente.
Calderón advirtió que la ley en cuestión no ha sido tomada en cuenta por la procuraduría, no solo en el caso de Petro sino en todas las destituciones decretadas hasta ahora, lo cual de hecho las invalida.
Los funcionarios públicos destituidos por un ente de control como la procuraduría pueden demandar al Estado por omisión de esa norma, dijo tras agregar que envió una carta al presidente Juan Manuel Santos con la solicitud de que revise el tema antes de tomar una decisión.
Por su parte, el jefe de Gobierno del Distrito Federal mexicano, Miguel Angel Mancera envió una carta a la comunidad internacional, difundida aquí por la alcaldía, en la que expresa su apoyo a Petro y califica su destitución de violación de sus derechos políticos y de los ciudadanos que lo eligieron.
Asimismo pidió a la comunidad internacional vigilar de cerca esta situación y ayudar a garantizar los derechos políticos del alcalde mayor citadino.
En tanto el Tribunal Administrativo del central departamento de Cundinamarca, al que pertenece Bogotá, tendrá que seguir trabajando en las 17 acciones de tutela (protección de los derechos) admitidas y radicadas en esa instancia, a favor de Petro.
Son solo una pequeña porción de los aproximadamente mil recursos similares tramitadas, según fuentes oficiales.
La congelación provisional de la sentencia de Ordóñez dictada ayer por el magistrado Mario Armenta dispondrá de un plazo de 10 días para adoptar la decisión de fondo que ponga fin al proceso en trámite. Mientras tanto, Santos debe abstenerse de validar la sentencia acuñada por Ordóñez.
Si el tribunal de Cundinamarca concluye a favor del alcalde bogotano, este quedará firme en su puesto.
En caso de que el procurador apelara, su apelación debe pasar por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en plazos sucesivos que, de prolongarse hasta el 2 marzo no tendrían efecto alguno.
