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@elder_gomez_2
El congreso salvadoreño no consiguió superar un veto presidencial a la suspensión por seis meses del cobro por el registro no intrusivo del transporte de carga local en las seis fronteras de El Salvador.
Los legisladores no lograron los 56 votos que se requerían para sobrepasar el veto del Ejecutivo al cobro de $18 al transporte de carga local por la revisión electrónica de las unidades en los pasos fronterizos salvadoreños.
El presidente Mauricio Funes vetó el miércoles una “interpretación auténtica” de un decreto aprobado en enero pasado por los legisladores, and que permitía la eliminación del pago de $18 por el servicio de revisión escaneada del transporte de carga local y foráneo.
Funes declaró “inconstitucional” las reformas a la Ley de Simplificación Aduanera realizadas por los legisladores, salve porque “es posible concluir que no había necesidad de clarificar o facilitar el concepto de operación en tránsito, dado que ello es un término muy utilizado en materia aduanera”.
El diputado Roberto D´Aubuisson, de la opositora ARENA, dijo que el mandatario “no puede vetar la conciencia del legislador”.
“El presidente está cuestionando la competencia que tiene este Órgano de Estado”, subrayó el parlamentario durante su alocución en el pleno legislativo, tras agregar que “tenemos dos vías, o se acepta o se rechaza” el veto presidencial, ante una iniciativa de la diputada del FMLN, Lorena Peña, de enviar a la Comisión de Hacienda y Especial del presupuesto la decisión presidencial.
“Hay algunos conceptos (del Decreto) que deberíamos revisar”, declaró la parlamentaria farabundista.
El legislador por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Mario Ponce, recordó que con la aprobación del decreto que eliminaba el cobro del impuesto por revisión electrónica en las fronteras, “le demostramos al sector productivo que tenemos voluntad política”.
El parlamentario, sin embargo, había advertido poco antes de la votación para superar el veto presidencial “no hay correlación de votos” en el pleno legislativo.
Al final, los diputados decidieron enviar a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto el veto presidencial para su estudio, y no al archivo legislativo para analizarlo dentro de seis meses.
