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@OscarportilloD
En el marco de la VII Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia, help funcionarios parlamentarios pertenecientes al Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, capsule se reunieron con el objetivo de proponer la Ley Marco para la regulación de servicios de seguridad privada y dialogar sobre el contrabando transfronterizo.
“Hay que reconocer de una manera franca, health que la seguridad privada aparece por deficiencia de una de las grandes funciones del Estado”, dijo el presidente de la asamblea legislativa, Sigfrido Reyes, haciendo referencia a ola de violencia e inseguridad a la que los salvadoreños se exponen a diario.
Reyes afirma que en El Salvador hay 200 empresas de seguridad privada y a nivel Centroamericano sobrepasan las mil. Además, hizo notar que tanto en El Salvador como otros países de Centroamérica los agentes de seguridad privada sobrepasan a los efectivos de las fuerzas policiales.
No obstante, el diputado hace ver que la seguridad privada es un reto para los gobernantes, puesto que el Estado no se puede desligar de este derecho que debe brindar a los ciudadanos.
La seguridad privada, según el presidente de la asamblea legislativa, no se puede separar de una estrategia de seguridad ciudadana y debe ser vista como un componente complementario del esfuerzo de los Estados para brindar seguridad a los habitantes.
El diputado Reyes hizo ver que la lucha contra la violencia debe ser replanteada, llevándola al siguiente nivel, puesto que la manera tradicional de tratarla por medio de un enfoque policial o fiscal criminológico ha sido cuestionada en los últimos años, mencionaba el funcionario.
El elemento de la policía comunitaria, programa que ha sido propuesto por el presidente Salvador Sánchez Cerén, busca sumarse como nuevo recurso de la seguridad ciudadana. Reyes invitó a la seguridad privada a unirse a este plan.
Asimismo, la lucha contra la delincuencia fue también motivo de la reunión, el parlamentario puntualizó que deben tomarse ciertas consideraciones para lograrlo.
El comercio y la proliferación de armas facilita este fenómeno, ya que con un simple trámite que no cuestiona el estatus ante la ley del solicitante, una persona tiene acceso a ese instrumento, para portarlo y usarlo.
Hay un millón de armas de fuego registradas y cerca 3 millones sin registrar, señaló. Además, un estudio reciente indica que 7 de cada 10 homicidios está relacionado con armas de fuego.
El Salvador está tomando cartas en el asunto con la reciente ratificación del tratado sobre comercio de armas, limitando así la proliferación de estas. A nivel regional, Panamá también se ha sumado a esta iniciativa con la firma de este tratado internacional.
Reyes mencionó que este tratado se discutió en un evento de Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés) para que más países de Latinoamérica se unan a la firma del mismo, buscando frenar el flujo de armas a países “que no necesitan convertirse en grandes mercados de armas”.
