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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El ministro de Hacienda Nelson Fuentes lamentó que magistrados de la Sala de lo Constitucional declararan inconstitucionales varios instrumentos legales que utilizaba esa entidad para combatir la elusión y la evasión fiscal, y advirtió que con esas licencias permisivas, el país está caminando hacia atrás en la justicia tributaria.
Entre los mecanismos ilegalizados se encuentra la de los precios de transferencia que permitía al fisco evitar que las empresas manipularan precios para evadir pago de impuestos, así como la eliminación del pago de renta a los periódicos impresos.
“Veníamos desde hace varios años queriendo cultivar el concepto de precios de transferencia para poder evitar variación en los precios que puedan tener los bienes y servicios en el exterior, que puedan ser contabilizados por las administraciones al momento de presentar su declaración de impuestos en El Salvador”, señaló el ministro.
Estos precios de transferencia estaban regulados con base a los parámetros utilizados por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que promueven políticas económicas para mejorar el desarrollo económico y social de las personas, pero con estas medidas, dijo Fuentes, el país está caminando hacia el lado contrario y puede ser incorporado en la lista de naciones que no están implementando buenas regulaciones en favor de la igualdad.
“Estos precios de transferencia se declaran inconstitucionales y va dificultar la forma en que podamos hacer en el Ministerio de Hacienda los procesos de auditoría y fiscalización. Era una herramienta básica para Hacienda”, explicó en entrevista con Canal 10.
Fuentes dijo que, dada la importancia fiscal de esta herramienta legal derogada por la Sala Constitucional, no descarta presentar próximamente a la Asamblea Legislativa una iniciativa para que se vuelva a implementar, teniendo en cuenta que los magistrados la declararon ilegal por el proceso de aprobación de ley, pero no por su contenido.
“Los precios de transferencia nos da orden, capacidad de análisis, de lo contrario no tenemos regulación en este tema y prácticamente generamos un vacío legal para generar evasión y elusión fiscal, creo que esto es importante que las personas lo conozcan porque realmente nos genera un impase”, señaló Fuentes.
Adicional a ello, la sentencia de la Sala reduce los tiempos para que la administración tributaria pueda y tenga facultad para fiscalizar y auditar. “Debo decir claramente: tenemos 270 casos en proceso y si esos casos en proceso, que suman $181 millones, probablemente no los logramos terminar en diciembre, se pierden porque la administración tributaria pierde la facultad en el tiempo”, detalló el ministro.
Por ello se hace necesario pedirle a los diputados que se reactive la facultad legal y regresar al Ministerio de Hacienda la extensión del tiempo para poder fiscalizar y auditar a los contribuyentes. “Vamos a hacer todo el trabajo posible, pero sacar todos estos casos a final del año es una labor maratónica”, afirmó.
Otra de las normas de fiscalización tributaria que ha sido derogada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional es el control de pago de los consumidores a los establecimientos comerciales por medio de los post (recibo electrónico).
Fuentes reveló que hay empresas que traen post de otros países, que le ponen fecha anterior y que es una manera para tener doble contabilidad. El Ministerio de Hacienda estaba facultado para indagar a las empresas y confirmar que los post que utilizan están integrados al sistema de administración tributaria del Estado.
“Este mecanismo también se constituía como un recurso importante para el combate a la evasión(…) y la Sala declaró en forma la inconstitucionalidad de que podamos tener la facultad de revisar que esos post realmente estén internados en el país”, detalló.
Además, los magistrados declararon inconstitucional el impuesto a las transferencias bancarias por más de $10,000, lo que implica la reducción de $85 millones de ingresos fiscales este año, señaló el ministro.
“El decreto 764, que es el impuesto a las operaciones financieras, hay una pérdida en la recaudación de $85 millones, los cuales ya no se van a contabilizar en el presupuesto de 2019. Es decir, al momento de equilibrar el presupuesto del lado de los ingresos, el Estado deja de tener $85 millones de ingresos, esto es relevante porque los ingresos no van a surgir de la noche a la mañana”, afirmó.
