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El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó en abril la cripta del  Beato Monseñor Romero, donde colocó una ofrenda floral, en su visita oficial a El Salvador. Foto Diario Co Latino / Archivo

SEGURIDAD II: Sucesos 2016

ABRIL

Con apoyo de sectores sociales Gobierno implementa medidas extraordinarias

Abril inició con la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad propuestas por el Gobierno, con la que a los pocos días de su ejecución se logró una significativa reducción de delitos como homicidio y extorsión.
El 5 de abril, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), a través de las organizaciones sociales que la integran, externó su respaldo a las medidas extraordinarias contra la criminalidad, implementadas por el Gobierno, sin embargo, reiteró la importancia de mantener las políticas de seguridad ya implementadas, como el Plan El Salvador Seguro.
Las medidas extraordinarias contemplaron el traslado de centros penitenciarios de algunos líderes de pandillas, lo cual se llevó a cabo el 7 del mes. Rodil Hernández, director general de Centros Penales, confirmó el traslado de 342 cabecillas de pandillas, recluidos en el Centro Penal de Quezaltepeque, al régimen especial de encierro en el Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca. Con esta iniciativa, las autoridades de Centros Penales consideran que se garantiza el aislamiento, la incomunicación de privados de libertad, como también se restringe la visita íntima y deambular por las instalaciones de penal.
De igual forma, sectores políticos apoyaron la iniciativa de catalogar como criminales algunos hechos cometidos por pandilleros, así lo externó el 9 de abril, el diputado Damián Alegría, del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien explicó que posterior a que el Legislativo aprobó las medidas excepcionales de seguridad presentadas por el Ejecutivo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó algunas medidas para castigar legalmente actos fuera de la ley cometidos por pandilleros.
Entre las acciones que serían consideradas como delitos, destaca la intención de pandilleros de imponer “toques de queda” en las comunidades, además, la de “reclutar” a jóvenes para que colaboren en acciones delictivas.

Guillermo
Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, recibe de parte Fiscal General, Douglas Meléndez, la propuesta de reformas penales, para el combate a estructuras delincuenciales; acompañan diputados de la Comisión de Seguridad.
Foto Diario
Co Latino /
Archivo

Entre la oposición surgieron voces que aseguraban que implementar las medidas extraordinarias se cometían violaciones a los derechos humanos, por lo cual, el 11 de abril, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, emitió un comunicado en el que afirmó que la aplicación de las medidas extraordinarias, adoptadas por el decreto transitorio de la Asamblea Legislativa, “no violenta los estándares internacionales de derechos humanos”.
Por lo mismo, la ejecución de las medidas extraordinarias no solo fue
apoyada por sectores de la sociedad salvadoreña, sino también por organismo internacionales. El 13 de abril, el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, participó de la XXVIII sesión ordinaria de trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), donde respaldó el Plan El Salvador Seguro. Almagro apuntó que “es nuestro interés apoyar las acciones que se llevan en el marco de la seguridad ciudadana. Queremos reiterar ese compromiso y tenemos propuestas concretas para apoyar el trabajo”.

El presidente de la República, Salvado Sánchez Cerén, declaró emergencia nacional y alerta naranja en el gran San Salvador, por la escasez de agua que sufre el país, debido al fenómeno “El Niño”. Foto Diario Co Latino / Archivo

Emergencia hídrica

El 14 del mes, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, declaró estado de emergencia y alerta naranja (en el área metropolitana) debido a la escasez de agua potable y falta de lluvia en el territorio nacional.
Ante la declaratoria, el Viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ángel Ibarra, explicó que el Gobierno se está haciendo cargo de la “crisis nacional del recurso agua”, la que se abordará desde la institucionalidad.
A pocos días de declarada la emergencia, específicamente el 18 del mes, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Marcos Fortín, afirmó que se toman las medidas para disminuir el problema, entre las que destaca la instalación de 30 tanques de almacenamiento de agua potable en distintos sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
La preocupación del Gobierno debido a la escasez de agua, obligó a que el 20 del mes el Presidente Sánchez Cerén y su gabinete analizaran soluciones para el problema. “Es de suma importancia que el Gobierno conozca el Plan Nacional Hídrico para implementar medidas con
eficacia”, dijo. También, destacó que “estas medidas van más allá de
garantizar el recursos hídrico, sino que más bien buscan generar una
gestión integral el recurso”, aseguró el Mandatario.
Por lo mismo, el 22 del mes, el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV) analizó 26 medidas para combatir la escasez hídrica. Estudios revelaron que la escasez de agua existe en 115 municipios que se encuentran en situación de vulnerabilidad media, alta y extrema, donde habitan cerca de 63.3% de la población.
Salario mínimo y pensiones

Durante el mes se discutió una reforma al actual sistema de pensiones. El Gobierno propuso un sistema mixto, el cual fue respaldado por Movimientos sindicales y gremiales quienes marcharon desde la Plaza Cívica hacia la Asamblea Legislativa, para exigir a los partidos políticos de derecha que apoyen la propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por el Presidente Salvador Sánchez Cerén.
En cuanto a la discusión del incremento al salario mínimo, el 27 del mes, la Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, denunció la manipulación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) al interior del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) y confirmó que el Gobierno no se sentará nuevamente a negociar hasta garantizar transparencia.
“Tras pactar no dar entrevista, Jorge Daboub afirmó a varios medios de comunicación que ya existe un acuerdo para lograr el aumento al salario mínimo y adelantó que la propuesta es de un 9% en tres años, (3% por año) que en comparación a la propuesta del ejecutivo, que es de $300 en la zona urbana y $250 en la rural, es una miseria la que ofrecen, cerca de 11.00 centavos por día”, explicó Guevara.

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