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Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de EL Salvador, períodos 2012-2015 y 2015-2018.
Hay que recordar que hasta 1998 el sistema era público y lo administraba el Gobierno y a partir de ahí el partido Arena lo privatizó para que fuera dirigido por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y quienes ofrecieron muchos beneficios entre los que se buscaba una mayor cobertura y una mayor rentabilidad para los pensionados, lo cual a esta fecha no ha sucedido, más bien hay un buen negocio para los dueños de las AFP.
A 19 años de la privatización de las pensiones y después del fracaso de dicho proceso para los trabajadores y las dificultades financieras del Gobierno provocadas por el partido ARENA en contubernio con la Sala de lo Constitucional las posibilidades de pago a los jubilados se vuelven complicadas, por lo que se hace necesario hacer una reforma de pensiones que solucione el problema para los pensionados o atenernos a la voluntad política de ARENA de dar sus votos para lograr hacer préstamos de por lo menos 600 millones de dólares anuales para resolver tal situación.
Diversos sectores han presentado propuestas de reformas, entre las cuales destacan las del Gobierno, la de los trabajadores, la de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) que en todo caso son gente de derecha y con clara identificación con ARENA; la de GANA y por último la de todos los partidos de oposición que en esencia es la misma propuesta de ICP con algunos cambios leves.
“Un estudio de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) sobre la propuesta de la ICP, presentado recientemente al Congreso, concluye que esta reduciría los pagos mensuales a los jubilados a menos de la mitad del salario promedio recibido en los últimos años de trabajo”, por lo que el pueblo salvadoreño y especialmente la clase trabajadora debe pronunciarse para evitar una reforma que vaya en contra de los intereses de los trabajadores.
Por otro lado, y según Enrique Montano, miembro de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra del FMLN (ANVEGEFMLN), el país debe abandonar el actual sistema privado de pensiones, implementado en 1998, porque “vino a lastimar” a los trabajadores e hizo “más millonarios a los que ya lo eran”.
Por su parte, el coordinador general del Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS), uno de los que más personas movilizó en la marcha del 1 de mayo, Wilfredo Berríos, presentó al presidente Sánchez Cerén y al principal líder del FMLN, Medardo González, una propuesta para reformar el sistema de pensiones que les da “voz y voto” en la administración de los ahorros. El sistema que proponemos es “integral, solidario, inclusivo y auto sostenible, que le garantiza una pensión vitalicia a los trabajadores” y que se construyó tomando en cuenta la opinión de “todos los sectores de la vida nacional”.
Berríos además dijo: que las principales diferencias con la propuesta de la ICP, que pidió sea “desechada”, y la del Gobierno es que plantea la creación del Instituto Nacional de las Pensiones (INP) para administrar los fondos y tendrá representación del Gobierno, sindicatos y empleadores.
Hay que recordar que El Gobierno salvadoreño se declaró en impago con las AFP el 7 de abril pasado al no alcanzarse un acuerdo en el Congreso para autorizar una emisión de 70 millones de dólares en bonos destinados a pagar dichas empresas y las pensiones de los militares, ese acuerdo está en manos del partido ARENA que tiene la llave para la mayoría calificada.
Por su parte el Gobierno ha hecho una nueva propuesta de reforma de pensiones que entre otras cosas busca: crear dos pilares o fondos de ahorro, uno individual y uno colectivo, el 50% de lo que usted ya tiene ahorrado iría al colectivo, y el otro 50% permanecería en su cuenta individual, se sube la cotización para pensiones, del actual 13% a un 15%, con un 1% más que debe poner el empleador y un 1% más que debe aportar el trabajador, de este 15% que usted ahorra, un 8% iría a este fondo colectivo, y solo un 5.5% iría a su ahorro individual, el fondo colectivo servirá para pagar lo que actualmente está pagando el Estado con fondos públicos o con más deuda: pensiones mínimas, subsidios para los denominados “optados” (gente que no estaba obligada a pasarse a una AFP en 1998 pero que decidió hacerlo), certificados de traspaso, y las pensiones del sector público, se baja la comisión de las AFP del 2.2% actual a un 1.5%.
Otros aspectos de la propuesta del Gobierno son: En el fondo colectivo, el cotizante tendrá una cuenta llamada “nacional”. El dinero de esta cuenta es, en el papel, propiedad del cotizante, pero este únicamente podrá usarlo al jubilarse. Mientras se jubila, el Estado podrá usar los fondos para pagar pensiones de otras personas. ¿Qué pasará cuando el cotizante lo necesite? El Gobierno buscará formas de pagarle, como más deuda, la propuesta no aumenta la edad de jubilación ni el tiempo de trabajo necesario para hacerlo, deja atrás la idea del sistema mixto en el que la mitad de los fondos son administrados por el Estado, pues serán las AFP quienes administren el fondo individual y el colectivo, pero hace obligatorio que la mitad de los ahorros de los cotizantes pasen al fondo colectivo para pagar lo que actualmente constituye la deuda de pensiones que paga el Estado.
La deuda de pensiones ronda los $20,000 millones, y demanda que el Estado desembolse unos $600 millones anuales. Actualmente este dinero se toma prestado de los fondos de pensión de los trabajadores que están ahorrando para cuando se jubilen y las AFP cobran intereses por esos préstamos que es de los trabajadores.
