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Por Daniel Bosque/Barcelona/AFP
La justicia española empezó a interrogar este martes a los responsables del gobierno catalán investigados por «desobediencia» en la organización de la consulta simbólica sobre la independencia de 2014, sale mientras se continúa negociando la formación de un gobierno regional independentista.
Esperando la declaración el jueves del presidente regional en funciones, treatment Artur Mas, troche la primera en acudir ante la justicia fue la responsable de Educación del ejecutivo catalán, Irene Rigau, que durante una hora respondió a las preguntas del juez sobre cuatro presuntos delitos, especialmente desobediencia y malversación.
La política llegó poco antes de las 10:00 de la mañana, hora local, a las puertas de la Audiencia provincial de Barcelona donde estaba convocada, acompañada por buena parte del ejecutivo catalán y de otros dirigentes separatistas que, junto a centenares de manifestantes, cantaron el himno regional.
Rigau, como la exvicepresidenta catalana Joana Ortega, citada por la tarde, y Artur Mas, convocado el jueves, están siendo investigados por la organización el 9 de noviembre de 2014 de una consulta simbólica sobre la independencia de esta rica región noriental de España.
Más de 2,3 millones de personas votaron ese día, un 80% a favor de la independencia, en esa votación planteada como un sucedáneo del referéndum de autodeterminación que reclaman desde finales de 2012 en esta región nororiental de España y bloqueado por el gobierno español de Mariano Rajoy.
Pocos días antes de la votación, el Tribunal Constitucional, recurrido por el ejecutivo de Rajoy, la suspendió por considerar que la Carta Magna impide organizar consultas regionales sobre temas que conciernen al conjunto del país.
El Constitucional, cuyos magistrados son nombrados por el poder, está compuesto mayoritariamente por conservadores, que los independentistas sospechan cercanos al ejecutivo de Rajoy.
Negociando un gobierno independentista
«Comparecí con la consciencia bien tranquila. En una sociedad democrática se tiene que poder conocer (…) la opinión de los ciudadanos», dijo a la prensa Rigau al terminar su declaración, añadiendo que para ella eso no supone una «actividad delictiva».
En su declaración, explicó, rechazó responder a la cuestiones de la acusación popular, formada especialmente por la asociación de ultraderecha Manos Limpias, y del fiscal, que representa el Estado.
La fiscalía española se querelló contra ella porque la votación se celebró, mayoritariamente, en escuelas públicas de la región. Rigau negó «haber dado ninguna orden ni instrucción» a los directores de esas escuelas para permitir la votación, organizada especialmente por voluntarios.
La dirigente regional recibió el apoyo de centenares de militantes concentrados a las puertas del juzgado con decenas de banderas separatistas. A su llegada, los manifestantes gritaron «independencia» y «fuera la justicia española».
Las declaraciones se producen mientras la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), vencedora de las elecciones regionales del 27 de septiembre, negocia con la izquierda radical de la CUP, también independentista, para formar un gobierno regional de corte separatista.
Juntos suman 72 sobre 135 escaños del parlamento regional (62 y 10 respectivamente) y aunque no obtuvieron la mayoría de los sufragios (47,8%), se creen legitimados para tirar adelante un proceso para declarar la independencia de esta región en 2017 como muy tarde.
«Estamos al lado del derecho irrenunciable de cualquier pueblo de votar y decidir su futuro político en las urnas», declaró el dirigente de la CUP Antonio Baños, que acudió en solidaridad con los imputados.
Pero esta unidad ante la justicia no se traduce de momento en un acuerdo sobre el nuevo gobierno. La CUP, que descarta entrar al ejecutivo, exige que no lo lidere Mas, a quien consideran demasiado conservador, y reclama pasos claros hacia la secesión, sin negociar sus términos con Madrid.
En el plano nacional, la «cuestión catalana» se presenta como uno de los principales debates ante las elecciones legislativas del próximo 20 de diciembre. Todos los partidos, excepto el conservador Partido Popular de Rajoy, proponen reformas constitucionales para mejorar las relaciones de esta región con el poder central.
Esta martes, el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, acusó a Rajoy de «esconderse detrás de los tribunales».
«Esta es una crisis política que se debe resolver desde la política», reclamó en una rueda de prensa.
