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La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) presentó un balance crítico sobre el trabajo realizado por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, previo a su salida el próximo 15 de julio.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El domingo 15 de julio culminan los nueve años de funciones para cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, personajes que pasarán a la historia como el tribunal superior más cuestionado, debido a las resoluciones emitidas.
La organizaciones que integran la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) afirman que los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco se convirtieron en el instrumento político del poder económico del país y la derecha.
Lo anterior debido a que tras nueve años de esta Sala de lo Constitucional el país sigue con un modelo económico excluyente, una sociedad que no tuvo mayores cambios sociales, debido a las resoluciones a favor de los sectores económicos y empresariales.
Carlos Flores, representante de ASGOJU, sostuvo que frente a la pérdida del control del aparato ejecutivo, por parte de la derecha y el poder económico, la Sala se convirtió en un instrumento para que la oligarquía tuviera todas sus facultades.
“La mayoría de sus resoluciones han sido garantizar la riqueza de la oligarquía salvadoreña, prevenir el cobro de impuestos, que el sistema tributario pase de regresivo a progresivo, es decir, ha sido proteger los intereses de la oligarquía salvadoreña, en este sentido ha jugado un papel histórico, hasta esta fecha nunca esta Sala había jugado un rol público”, dijo.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional salientes han sido garantes del status quo y defensores de los intereses de las élites oligárquicas, avalando temas como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, revirtieron varias reformas fiscales progresivas y perpetuaron la concentración mediática.
ASGOJU considera que la Sala de lo Constitucional ha realizado varias acciones que afectaron directamente al pueblo salvadoreño y los poderes populares dentro de las instituciones del Estado, ya que utilizaron criterios como supuestos vínculos partidarios para separar de sus cargos a funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura, Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, de este último separaron a Ulises Rivas, que quedó en el limbo jurídico ya que no han resuelto aún.
Leonel Herrera, de ARPAS, explicó que los cuatro magistrados fueron funcionales a la estrategia desestabilizadora de la derecha, contribuyendo especialmente al boicot financiero del partido ARENA, como la eliminación del FONAT, emisión de bonos de deuda política y quitaron impuestos a las empresas que declaraban pérdidas para no pagar impuestos.
