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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El Presidente Salvador Sánchez Cerén presentará la propuesta para reformar el sistema de pensiones esta semana, ed antes de hacerlo el diagnóstico y la propuesta ha sido conocida por actores importantes como las organizaciones laborales, los partidos políticos, empresarios en general y en especial los empresarios propietarios de las Asociaciones Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La propuesta está fundamentada en dos consideraciones esenciales: el interés de que pensionados y trabajadores activos tengan la seguridad de su pensión presente y futura, y además el interés de la generalidad del pueblo salvadoreño, que es quien viene subsidiando desde hace años un sistema privatizado en 1996.
El concepto de la propuesta está muy claro, introducir al modelo privado un nuevo pilar o componente, el pilar público o de reparto que a partir de la reforma busca evitar el colapso financiero de un sistema que privatizó la ganancia y estatizó las obligaciones. El pilar público consistirá en la obligación de cotizar en el pilar público lo que corresponda hasta dos salarios mínimos del sector comercio y quien tenga salarios mayores a dos salarios mínimos cotizar el complemento al sistema privado de capitalización individual.
Las pensiones existentes mantienen los mismos montos, incluso aquellas que son pensiones de monto alto por efecto del decreto 100. Los aportes del empleador y del trabajador serán los mismos, pero el ahorro del trabajador se verá mejorado al disminuir el monto de la comisión su aporte al ahorro será mayor.
Se mantiene el ahorro voluntario que cualquier trabajador o trabajadora decida hacer para su vejez. La cuenta de la cotización de hasta por dos salarios mínimos de comercio que correspondan al pilar público serán manejados por un Instituto Nacional de Pensiones y nunca un centavo que la ley manda a ahorrar para la pensión puede ser manejada por alguna entidad de gobierno. Los fondos para la pensión en sus dos modalidades se mantendrán sin mezclarse con la hacienda pública.
La ventaja del pilar público radica en que esos ahorros servirán para pagar la pensión mínima, y que las cotizaciones presentes garantizan el pago a los jubilados, pues ahora la ley solo le da la obligación de pagar la pensión mínima a quienes han trabajado 25 años y tienen el requisito de edad en el momento en que sus ahorros se terminan. Como hemos demostrado en artículos anteriores lo ahorrado en la mayoría de casos ajusta apenas para unos 4 años, después de ello le corresponde al Estado pagarle, es decir a la hacienda pública pagar esas pensiones sin que haya recibido un centavo de lo que la persona cotizó.
Efectos importantes que vendrían de la reforma son: Evitar el colapso que todos los diagnostico pronostican para unos dos o tres años si no se hace una reforma; disminuir el endeudamiento futuro del Estado, el que se contrae anualmente para el pago de pensiones desde que en 2001 se terminaron las reservas; disminuir el monto presupuestario que gasta la hacienda pública en intereses del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales que desde 2007 han representado más de 800 millones de dólares, aumentar el ahorro personal de los trabajadores en el pilar de capitalización por el efecto de disminuir el pago de la comisión por manejo que hoy es de 2.2% del salario ( equivalente al 17% del monto de la cotización).
Las expresiones de rechazo están en quienes perderán sus jugosas ganancias, las AFP, y quienes están detrás de esas sociedades anónimas o son financiados por ellas. Hay expresiones de rechazo a la reforma de sentido ideológico de parte de quienes dogmáticamente creen que lo privado es superior a lo público y de quienes se obstinan en bloquear financieramente el funcionamiento del gobierno.
La experiencia registra igualmente críticas de porqué la reforma mantiene el esquema privado, muchos son los que creen que debiéramos volver a un régimen totalmente público como el que tienen la inmensa mayoría de países en el mundo, pues en el auge de la privatización neoliberal solo 23 países privatizaron sus sistemas de pensiones y de ellos al menos 7 han cambiado al pasar los años y darse cuenta que no produce lo que habían prometido.
Muchos trabajadores reportan que sus empleadores les han reunido para pintarles que la reforma es “mala” y para incidir en sus opiniones en favor de mantener la privatización sin cambio alguno.
Cuando encontramos cada historia de jubilados, o de personas a las que se les devolvió su ahorro, el sentido de este cambio que propone el Presidente se reafirma y por eso esta propuesta igual que la de aumento al salario mínimo, merece el respaldo de todos los trabajadores y trabajadoras.
