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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén presentó una propuesta que mantiene el modelo de capitalización individual, debido a la falta de apoyo para introducir un cambio en el modelo privatizado, impuesto en 1996. Esa propuesta mantiene elementos comunes con las presentadas por las AFP con apoyo de los partidos de oposición, con la diferencia de que preserva la totalidad de los aportes de los trabajadores a la hora de calcular el monto de su pensión, lo cual es una garantía para los actuales cotizantes.
El debate ha estado rodeado de un ambiente propicio para fomentar incertidumbre; pese a que los hechos son objetivamente apreciables, pero ocultos por las campañas engañosas que esconden el interés del negocio de las AFP y sus aliados.
Conceptos y resultados actuariales brindados con análisis externo por parte de quien desarrolló los sistemas que actualmente utilizan la y las propias AFP, demuestran la consistencia de la propuesta gubernamental que el FMLN y la mayor parte de líderes sociales respaldamos.
La base de este debate ésta afectada por los fantasmas creados por parte de quienes quieren mantener inalterables las ganancias que provee la privatización. Por eso procuran ocultar que estamos frente al costo de la transición del sistema previsional impuesto en 1996. Para volver atractiva la privatización de la administración de pensiones, se reconocieron beneficios a los cotizantes del ISSS y el INPEP que, sin hacerse efectivos al momento de privatizar, se reconocieron como derechos exigibles en el futuro. Ese futuro es hoy, el futuro lo ha sido desde 2001 que se terminaron las reservas técnicas de las instituciones y empezaron a pagarse esos derechos y otros creados después mediante deuda. (Eurobonos, Certificados de Inversión Previsional CIP, A y B; pensiones mínimas y complemento de pensiones de lujo que se convirtieron en vitalicias).
Es el costo de la transición la que hoy toca definir como chinear, como manejar, y ninguna solución que se convenga resolverá de manera completa el problema creado. El Estado responde por el pago de las pensiones públicas (SPP), responde por los certificados de Traspaso (CT), el Estado responde por los Certificados de Traspaso Complementarios (CTC), el Estado responde por las pensiones mínimas, que corresponden a quienes tenían salarios bajos o de quienes terminaron su ahorro, y a quienes por ley les corresponde una pensión mínima. Responde por todo, y lo único que percibe son las cotizaciones de la minoría que decidió mantenerse en el sistema público; responde por los CT, de trabajadores que fueron obligados a pasar al sistema privatizado y habían cotizado sus primeros años en el ISSS o el INPEP.
Todos estos sistemas coexisten y es hasta recientemente que empieza a jubilarse una parte de quienes fueron obligados a pasar al sistema privado. Son los primeros en recibir una pensión que estrictamente se origina en sus cotizaciones y en los intereses devengados. Pero pagaron por seguro de sobrevivencia y comisión por llevar la cuenta hasta una tercera parte de sus cotizaciones iniciales.
Los costos del traspaso de un sistema de reparto a uno de capitalización fueron calculados desde un inicio, y se estimaron en 16 mil millones de dólares. Pero, aunque se reconocieron, no se pagó lo que correspondía en cada tiempo, solo se crearon mecanismos de endeudamiento y es hasta hoy que es obligado a pagar en una proporción mayor a los intereses de los bonos o los CIP.
La clave, hoy, es definir una reforma respondiendo a la pregunta: ¿Quién paga?
Con los análisis actuariales realizados, queda demostrado que la propuesta del gobierno transparenta la deuda y establece un mecanismo de pago seguro, y que la propuesta de las AFP obliga a los pensionados y cotizantes a aportar para ese pago. Lo más crítico es el costo que se hace recaer en forma de aporte sin contrapartida, equivalente al 5% del salario de cada cotizante. Mientras que la propuesta del Gobierno reconoce el 100% de los aportes, reduce el monto máximo de pensión, reduce las ganancias de las AFP y las pensiones de lujo que están por hacerse efectivas; el resultado es obvio.
La deuda estatal olvidada estos 21 años se empezaría a pagar con el 5% del presupuesto de cada año, así como el pago de la deuda CIP. El resultado es seguridad de los ahorros del trabajador, seguridad de pago en todo tiempo y mejor pensión resultante de aumentar el ahorro, así como de disminuir la comisión y el monto de pensión máxima.
El pueblo trabajador esta vez debe impedir una nueva estafa, como la aprobada en 1996 y en otros decretos.
Este es el compromiso de las y los diputados del FMLN, como base para un acuerdo entre todas las fracciones legislativas.
