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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Raquel Caballero, Procuradora Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), cumplió un año de gestión, que ha sido cuestionado por organizaciones sociales, que afirman que bajo su administración la entidad dedicada a tutelar los derechos humanos va en retroceso.
Diario Co Latino buscó la postura del Sindicato de Empleados y Empleadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES), en las instalaciones del Sindicato, no obstante no hubo acceso, por lo que la entrevista programada se realizó afuera de la institución.
Bajo los rostros de indignación y de molestia, Carlos Solórzano Padilla, Secretario General del SEPRODEHES, denunció el accionar del personal de vigilancia, contratados por la Procuradora Raquel Caballero.
“Nunca había cerrado aquí estando personal adentro del edificio, no más supieran que venía un periodista lo hicieron, ellos creen que de esa manera la opinión pública no se va a enterar, es más ustedes más difusión le podrán dar ahora a ese tipo de actitudes en la PDDH”, dijo Solórzano.
“Qué derechos humanos estamos hablando, de que administración estamos hablando, si se están violentando los Derechos Humanos hasta de ustedes como periodistas, porque se les impidió el acceso a un periodista con el sindicato y los estamos atendiendo ahora en plena vía pública porque no hubo oportunidad de hacerlo en nuestra oficina”, agregó.
El conflicto en la PDDH, según los representantes del Sindicato, inició en septiembre del año pasado, cuando asumió Raquel Caballero al frente de la institución, tras la elección realizada por la Asamblea Legislativa. Esta elección, dijo, generó un retroceso de la institucionalidad y de la defensa de los derechos humanos de empleados, diversidad sexual, migrantes, niñez y adolescencia.
“Es deficiente el desempeño de la señora, por todas las arbitrariedades que comete, porque además del trato que nos da a nosotros como sindicalistas que somos, empleados de la institución, nos tratan de manera discriminativa como sindicalistas, como profesionales en mi caso como adulto mayor; nosotros queremos elevar la voz por los empleados y empleadas de la institución, en contra de esta administración que está llevando a la procuraduría a un callejón sin salida”, comentó Solórzano.
Y es que para los sindicalistas, que comparten el informe pronunciado está semana por entidades sociales y civiles, Caballero está dañando el poco prestigio que la PDDH podría tener ante la ciudadanía, porque su desempeño sobre temas estratégicos, importantes y trascendentes es muy pobre.
El dirigente sindical trajo a cuenta la opinión del Alto Comunicado de las Naciones Unidas por derechos humanos ha dicho que El Salvador está sufriendo una regresión al pasado y teme que se está volviendo a la época de las ejecuciones sumarias, a partir de la denuncia que hizo el IDHUCA y el Servicio Social Pasionista en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La Titular no se pronuncia, no dice nada sobre este tema, como también de otros como el de las pensiones, ella no tiene una posición consistente de defensa de los intereses del pueblo salvadoreño, pero si le interesan temas intrascendentes como cambiarle el nombre a la Puerta del Diablo”, acotó el Secretario General.
De igual manera, el Sindicato denunció que la Procuradora ha cerrado las puertas a entidades como la Diversidad Sexual, “la que recientemente trató de una manera muy déspota” en el acto que ella hizo para presentar los resultados de su primer año de gestión.
“Las mesas temáticas institucionales que fueron siempre una tradición en la PDDH, son desatendidas, solo atiende a pequeños grupos que no tiene una posición crítica de lo que está sucediendo en la procuraduría, hay una situación de estrés, nerviosismo y zozobra, además de intranquilidad por el trato que recibe el sindicato”, agregó.
Carlos Solórzano, también ha denunciado medidas realizadas en contra de su persona, que fue destituido de las Unidades Juveniles de Difusión de la PDDH. “El 12 de julio la señora, a través de un memo me quita las funciones y me saca de la oficina, con la complicidad de la Procuradora Adjunta de Derechos a la Niñez, me despojan de mi computadora, después dicen que la computadora habían cosas indebidas y la señora se ha dado el lujo de decir en medio de comunicación, en la televisión y en medios escritos, que nosotros somos delincuentes”, explicó.
También, el Sindicato denunció una serie de acciones, como la falta de vigilancia en todas las sedes de la PDDH, excepto la sede central y el parqueo, además despidos y contrataciones irregulares. Además cerró la sede de la PDDH de Metapán, Santa Rosa de Lima y Soyapango, dijo.
“La Titular ha contratado a parientes de su esposo en la PDDH, su esposo no es empleado, pero todos los días está viviendo aquí y además se moviliza en vehículo de la institución y está con ella en todos los actos, cuando él no tiene ninguna función que estar cumpliendo acá, porque él no es empleado de acá, es asesor de la Asamblea Legislativa”, comentó.
Por lo anterior, el Sindicato ha interpuesto denuncias ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Tribunal de Servicio Civil de la República.
“La procuradora está haciendo cualquier cosa menos tutelando los derechos humanos de la población salvadoreña, como debe de ser, ella está haciendo cualquier cosa menos eso. Aquí no hay investigación, no hay proceso que fortalezcan la institucionalidad en derechos humanos, Aquí no hay publicaciones, documentos, estudios, hemos perdido lo que habíamos logrado en 25 años; la PDDH está en una situación lamentable, porque tanto la titular como su equipo tienen muchas deficiencias”, puntualizó Solórzano.
