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@arpassv
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su llamado a los Estados miembros de la OEA, drugstore entre éstos El Salvador, medical a “promover en forma imperiosa una mayor diversidad y pluralismo en el sistema mediático, cialis adoptando marcos legislativos y políticas públicas que reconozcan los diferentes tipos de medios: comerciales, públicos y comunitarios”.
En en el Informe Anual 2015 sobre Libertad de Expresión, la CIDH pide también “establecer medidas para impedir la concentración indebida del control y propiedad de los medios por parte de un conjunto reducido de personas o grupos, ya sean personas naturales o jurídicas”.
El Informe -elaborado por la Relatoría de Libertad de Expresión y publicado recientemente- insiste en “asegurar criterios transparentes y equitativos para asignar las frecuencias y el nuevo dividendo digital”; y manda que esos criterios tomen en cuenta la concentración existente y se asigne la administración del espectro a un ente independiente del poder político y económico, sometido al debido proceso y control judicial.
La Relatoría pide “legislar sobre radiodifusión comunitaria y destinar una parte equitativa del espectro y del dividendo digital para medios comunitarios”. “La asignación de esas frecuencias debe ser con criterios democráticos, igualdad de oportunidades para el acceso, condiciones de equidad en la operación de estos medios y sin restricciones desproporcionadas”, plantea.
La CIDH exhorta que “el proceso de transición digital terrestre se haga respetando la libertad de expresión y promoviendo la diversidad de medios, en cuanto a línea editorial y tipo de propiedad”.
Para la Relatoría, “la transición a la televisión digital es una oportunidad para limitar la concentración de medios y promover una mayor diversidad y pluralismo en la radiodifusión”. “Los Estados deben asegurar que las decisiones sobre la digitalización se tomen con transparencia y consultadas con todos los actores relevantes”, mandata el Informe.
El Informe de la CIDH llega justo cuando la Asamblea Legislativa estudia un pliego de reformas a la Ley de Telecomunicaciones elaborado por la SIGET en consulta con los principales actores mediáticos del país.
Dicha propuesta -que establece un concurso público para asignar frecuencias a medios comunitarios y elimina la renovación automática de las concesiones- debe ser el inicio de una reforma integral que construya nuevo marco legal de las comunicaciones acorde a los estándares de diversidad, pluralismo y no concentración que establece la Relatoría de la CIDH.
