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@elder_gomez_2
Una propuesta para crear “Defensas Comunales” en El Salvador para combatir a las pandillas, generic ha causado puntos encontrados entre los legisladores, algunos abogan porque los habitantes de barrios y colonias se autodefiendan de los delincuentes.
Aunque la iniciativa de que las comunidades se autoprotejan de la delincuencia no es nueva, ahora ha tomado un giro ante las medidas extraordinarias que el gobierno impulsa desde la semana pasada para combatir a las pandillas, responsables de miles de muertos en este país centroamericano.
Uno de los impulsores de esa disposición, es el diputado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, quien ha propuesto que “la comunidad tenga el control de las colonias, con el soporte del Estado y del gobierno”.
“Es mejor que la comunidad defienda el mismo lugar donde vive, a que los mareros estén decidiendo quien entra y quien sale”, explicó el parlamentario, uno de los principales paladines en la lucha contra el hampa.
Gallegos explicó que en la actualidad la presencia territorial de policías y militares “no se podría tener en todo el país”.
Aseguró que las “Defensas Comunales… tampoco son una licencia para matar o perseguir gente”, aunque detalló que a los habitantes de los populosos barrios salvadoreños se les dará “capacidad de no permitir mareros en sus comunidades…y que puedan tomarse medidas extremas, con base a la “legítima defensa para defenderse”.
También dijo que “hay que dejarlo claro, (que) esto (las Defensas Comunales), no son con fines políticos… debe(n) ser con fines de Seguridad Pública”.
Las “Defensas Comunales”, indicó Gallegos, “ha sido una propuesta, todavía se está estructurando y no tenemos un documento en sí… (aunque) tendrá que haber un policía enlace, un jefe policial coordinando cierta cantidad de Juntas de Vecinos… para que esta gente tenga un respaldo jurídico…vía Decreto Ejecutivo o Legislativo”.
“Es mejor darle un ordenamiento jurídico (a las Defensas Comunales)”, subrayó el parlamentario.
Punto en contra
Sin embargo, la legisladora por el FMLN, Jackeline Rivera, afirmó que “no necesito yo dar disposiciones especiales para crear una especie de estructura armada civil, porque confiamos en la policía, confiamos en el ejército y las instituciones, y las instituciones están funcionando”.
Recordó que el Código Penal establece la “Legítima Defensa” a salvadoreños que sean atacados por vándalos o en otras circunstancias.
Las telefónicas
No obstante, tanto Gallegos como Rivera coincidieron en que las empresas telefónicas deben cumplir las disposiciones extraordinarias impulsadas por el gobierno para combatir a las pandillas.
Una de las disposiciones oficiales, ha sido la aplicación de la Ley Antiextorsiones, aprobada desde hace más de un año por el congreso, que obliga a las empresas telefónicas a bloquear las señales en un perímetro de 500 metros a la redonda de los centros penales.
Algunas empresas han justificado que no bloquean la señal de la telefonía móvil en los contornos de las cárceles, porque algunas de las antenas están situadas en zonas controladas por pandillas, explicó Gallegos.
No obstante, Rivera dijo que ello “no es excusa válida” para no bloquear la señal de la telefonía móvil en las cárceles, y abogó porque “se cumpla la Ley Antiextorsión”.
“Esto no resuelve el problema de Seguridad, esto es una parte que se pretende aprender un poco, para interrumpir la comunicación entre los jefes de pandillas con las personas que puedan tener en otros lados”, justificó la parlamentaria.
“Hagan lo que hagan las telefónicas, esta no se la quitan”, sentenció Gallegos, tras rumores de que las compañías telefónicas estarían ampliando el radio del corte de la señal de la telefonía móvil más allá de los 500 metros, para fomentar descontento entre la población.
“Poco a poco (las compañías telefónicas) van a entender que están haciendo un dinero a través de brindar un servicio a los penales mal habido”, apuntó.
