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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Las organizaciones sociales de pueblos indígenas y ambientalistas demandaron del Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén un veto presidencial ante el dictamen de la Asamblea Legislativa, sobre la protección del sitio arqueológico Tacuscalco, declarado “Bien Cultural” en 1997.
Con una “interpretación auténtica” al artículo 8 de la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES) el pasado 10 de agosto, los partidos de derecha ARENA, PCN, GANA y PDC, modificaron legalmente la potestad del Ministerio de Cultura en el rescate y preservación de sitios arqueológicos en el país.
Es así como la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica se adhirió a la lucha social para revertir el dictamen legislativo (215-7-2018-1) por vulnerar directamente el derecho humano relacionado a la cultura de los pueblos indígenas que afecta a su identidad, la protección y conservación de la herencia cultural. Héctor Berríos, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, afirmó que esta decisión “imprudente” atenta a los nahuas, lencas, kakawiras, que se encuentran diseminados a nivel nacional. Y si bien es oportuno, el desarrollo es importante, no puede sobrepasar el respeto irrestricto de los derechos humanos.
“Nos sumamos a este esfuerzo de defender el territorio y la dignidad de los pueblos originarios. Y sabemos que con la interpretación de la Ley de Sitios Arqueológicos están dándole paso a las constructoras o urbanizaciones, para que ya no necesiten contar con la autorización del Ministerio de Cultura para su inversión o desarrollar sus infraestructuras, con la modificación se saltan ese proceso legal, que afecta a los pueblos indígenas”, sostuvo.
Mientras, Mateo Rafael Latin, alcalde del común del centro de la región para los izalcos, expresó que esta situación de uno de los “lugares sagrados” es muestra de la “invisibilización” que han heredado por 500 años a los pueblos originarios.
“Ha llegado el momento que los pueblos indígenas también alcen su voz, como representantes de los izalcos, nos preocupa porque esto no es simplemente que no respetan el sitio arqueológico, sino que quieren borrarnos totalmente y a nuestra propia historia. Lo cual es un crimen que en el fondo es demasiado grande, porque las futuras generaciones jamás conocerían nuestra historia y nuestra herencia ancestral”, manifestó.
Marlon Enamorado, del CCNIS, que representa a los tres pueblos indígenas de El Salvador, kakawiras, lencas y nahuas, señaló su preocupación por el oriente del país que cuenta con varios sitios arqueológicos que aún no han sido declarados “Bien Cultural”, lo que genera incertidumbre y una posible destrucción patrimonial.
“Tonala, Miravalles, El Jocote y El Paso somos comunidades sin acceso al agua potable, entonces usamos al río Ceniza, eso sería afectar a miles de personas, es muy importante que conozcan que nos dejarán sin el vital líquido que afectaría la agricultura. Mienten cuando dicen que el río Ceniza está totalmente contaminado, ahí pescamos cangrejos y guapotes en la poza que se llama El Paso. Y quizás no esté totalmente cristalino, pero eso no significa que vamos a terminar de matar ese recurso natural, queremos el veto presidencial para preservar nuestro medioambiente y nuestra memoria”, puntualizó.
