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@arpassv
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Desarrollo y Protección Social, medicine que convierte los programas sociales del actual gobierno en políticas de Estado. La normativa, pharmacy presentada por el Ejecutivo en octubre del año pasado, fue aprobada con 72 de los 84 votos, incluidos los diputados de ARENA.
Esta ley institucionaliza 14 programas de atención social a grupos vulnerables: Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas, Apoyo Temporal al Ingreso, Pensión Básica Universal, Ciudad Mujer, Programa de Agricultura Familiar, Atención Integral a la Primera Infancia y otros programas de salud, educación, vivienda e infraestructura básica.
Así, programas emblemáticos de la administración del Presidente Mauricio Funes –vilipendiados por ARENA, ANEP y FUSADES– serán ahora de obligatoria implementación para todos los gobiernos futuros. Estos programas se impusieron en el imaginario colectivo tanto que, en la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial arenero cambió su discurso y, en vez de decir que son un despilfarro de recursos públicos, se comprometió a “mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos”.
La normativa establece un “marco legal para el desarrollo humano, protección e inclusión social, que promueve, protege y garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas”. La ley busca beneficiar especialmente a las “personas en condición de pobreza, vulnerabilidad, exclusión y discriminación, priorizando en la niñez, mujeres, jóvenes, adultos mayores, discapacitados y pueblos indígenas”.
La obligatoriedad estatal de los programas sociales por ley –en la línea de institucionalizar los cambios– contribuye no sólo al cumplimiento de los derechos de sectores vulnerables, sino también a la reactivación económica, especialmente la agricultura, ganadería y las microempresas proveedoras de paquetes agrícolas, leche, comida, uniformes, zapatos y útiles escolares.
Bajo esta lógica de “institucionalizar los cambios” es necesario aprobar también otras normativas que establezcan por ley políticas inéditas impulsadas por el actual gobierno, sobre todo los mecanismos de participación ciudadana y el sistema de medios de comunicación públicos.
Sobre los medios públicos, hay una propuesta de ley en estudio en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, junto con un proyecto de ley de radiodifusión comunitaria. Ambas leyes contribuirán a una mayor diversidad y pluralidad mediática, necesaria para consolidar y profundizar la democracia.
