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José M. Tojeira
Cada vez nos encontramos con mayor número de reservas de información, tanto a nivel de instituciones del Estado como en el campo de investigaciones fiscales y actividades judiciales. Y al mismo tiempo los funcionarios tienen campo libre para mentir, acusar falsamente o hacerse festivamente los ignorantes de tanto bulo, insulto y mentira en las redes contra quienes tienen una opinión crítica o reclaman transparencia a las instituciones del Estado.
En ese sentido no es raro que crezca el número de personas que piensan que la moralidad notoria que exige a los funcionarios la Constitución nacional, más parece un chiste que una exigencia jurídica y ética al mismo tiempo. El Tribunal de Ética Gubernamental, que nunca tuvo especial brillo, se ha convertido en una especie de fantasma, por supuesto con buenos salarios para quienes lo regentan. Por más avances que se hayan dado en el pasado en la institucionalidad, la ética y la política han permanecido siempre demasiado separadas. Y en particular no se percibe que en los tiempos que corren las cosas caminen mejor en ese aspecto.
En la actualidad destaca por un lado la acusación de malversación y apropiación de fondos estatales al ex Presidente Sánchez Cerén, junto con el inicio de la expropiación de sus bienes valorados en más de un millón de dólares. Y por otra parte circula una carta pública del ex mandatario diciendo que lo único que le han congelado es la cuenta en la que recibe su pensión, dado que no tiene propiedades en El Salvador. Y desafía a la Fiscalía a que exponga públicamente las pruebas de que tiene propiedades como viviendas u otras cuentas diferentes. El ciudadano medio se encuentra en el medio de dos situaciones realmente preocupantes. Los últimos cuatro presidentes se encuentran o han sido enjuiciados por corrupción.
Y por otra parte los voceros estatales de los tres poderes son cada vez menos creíbles, con sus descalificaciones de personas, muchas veces gratuitas, con sus afirmaciones falsas en público y con sus reservas de información cada vez más generalizadas. Entre los opositores al actual régimen no faltan los que piensan que una vez alcance el gobierno del país un partido político diferente al que ahora está en el poder, el actual presidente tendría bastantes posibilidades de que se uniera al selecto club de los expresidentes acusados. Acostumbrarnos a la falta de claridad no es bueno para nadie. Y menos para quienes nos gobiernan.
Más transparencia, mayor y mejor información, posibilidades de sanciones a funcionarios mentirosos, estén al nivel que estén, es una demanda de muchos ciudadanos. La Fiscalía ha recibido una especie de reto del anterior presidente de la república a actuar con claridad. Si no lo hace quedará en muchos aspectos desautorizada, y vista como un instrumento más entregado a la política que a la búsqueda de la verdad y la justicia. Si no existe la propiedad de una casa ni dos cuentas, como el expresidente afirma, la Fiscalía debe presentar disculpas.
Al contrario, si se confirma que quien no dice la verdad es el ex presidente, además de proseguir el enjuiciamiento con plena transparencia, sería necesario crear sistemas de control y fiscalización de bienes estatales mucho más sólidos que los actuales. Ni para El Salvador ni para ningún país es sano que el hecho de llegar a la presidencia de la República sea el anticipo de un juicio y de un posible encarcelamiento. Los autores clásicos que reflexionaban sobre la relación entre la ética y la política solían decir que la corrupción de los líderes era la corrupción más pésima. Reflexionar con seriedad y establecer instituciones independientes con capacidad de auditar prontamente a los poderes establecidos es indispensable para el desarrollo.
La Corte de Cuentas tiene en este sentido un pasado que solo puede calificarse como oscuro e incluso truculento. Que la Fiscalía actúe con claridad y transparencia, así como con datos que pueda exhibir públicamente, sin arbitrariedades ni gustos políticos, es necesario para que la confianza ciudadana se fortalezca.
