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La notificación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sovaldi que condena al Estado salvadoreño por el “Caso Rochac” fue calificado de esperanzadora por la Asociación Pro- Búsqueda.
Probúsqueda demandó del gobierno y el Ministerio Público una investigación exhaustiva y sustancial de estos hechos violentos.
El “Caso Rochac” documenta la desaparición forzada de los niños: José Adrián Rochac, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla, Ricardo Ayala y Emelinda Lorena Hernández, entre los años 1980 -1982, durante el conflicto armado.
Eduardo García, Director Ejecutivo de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos explicó que la condena abarca la violación al derecho a la libertad personal, la vida familiar, la integridad personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica de los menores de edad.
“El Estado ha avanzado en asumir la responsabilidad y ha mostrado buena voluntad en todo momento desde el Caso Contreras; al reconocer la desaparición forzada y está acatando resoluciones anteriores; ya existe una escuela en el Bajo Lempa con el nombre de los Hermanitos Contreras, pero aun falta la investigación del paradero de las niñas y niños”, acotó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos enfoca su jurisdicción en la afectación de los familiares de las víctimas. Por la incertidumbre del paradero de sus hijos o hijas por más de 30 años y asegura la existencia de impunidad, al no brindar información precisa sobre los acontecimientos en esas fechas.
La resolución mandata, además, que el Estado salvadoreño deberá, a la “menor brevedad” posible, ejecutar una investigación real de los hechos ocurridos.
Claudia Interiano, de la Junta Directiva de Pro- Búsqueda, agregó que este mandato exige la determinación de la vida de las víctimas y su paradero. Así también, la de identificar, juzgar y sancionar a los responsables de estas desapariciones.
“El Estado salvadoreño deberá también, construir un Jardín Museo, para recordar a las niñas y los niños desaparecidos durante el conflicto armado, reconocer el derecho a la identidad y realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad”, expresa.
Asimismo, el Estado tendrá que brindar atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas; así como garantizar el acceso público y sistematizado a los archivos que contengan información útil y relevante para la investigación, en causas que se siguen por violaciones de derechos humanos.
En contra de cambio de nombre de calle
“Nosotros, como Pro-Búsqueda, nos unimos a la campaña para que no cambien el nombre de la Calle San Antonio Abad, por el Mayor Roberto D abuisson, que quita la identidad de esa comunidad”, dijo Eduardo García, director de Probúsqueda.
“Un poco más arriba en esa calle se encuentra la Casa de Retiro de el Despertar, donde masacraron a catequistas y al Padre Ortiz”, dijo.
Mientras, Claudia Interiano afirmó que con esta acción del Alcalde de San Salvador, Norman Quijano “violentaba una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; luego que la Comisión de la Verdad lo señalara como autor intelectual del crimen de Monseñor Óscar Arnulfo Romero”, acotó.
