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José Roberto Osorio
Economista
Quien puso el nombre a Costa Rica, stuff sabía lo que estaba haciendo. En efecto, esa bella y querida nación de América Central, tiene costas bañadas al este por el mar Caribe y al oeste por el océano Pacífico, configurándose playas y sitios espectaculares, eficazmente aprovechadas para fines turísticos. Su principal riqueza es, sin embargo, su población educada, democrática y amable.
Ha sido calificada como una de las democracias más consolidadas de América, reconocida mundialmente por abolir el ejército en 1948 erigiendo un contingente de maestros, que ha dado frutos evidentes en materia de educación y desarrollo.
Se catalogó en 2015 como el país con mayor libertad de prensa de América Latina y el número 16 a nivel mundial, según Reporteros sin Fronteras. De acuerdo al Índice de la Paz Global 2012, está en el tercer lugar entre los países más seguros de la región y en primer lugar según el Ranking de Seguridad de América Latina de Latinvex.
Su índice de desarrollo humano de 2015 es el sexto mejor de Latinoamérica y el segundo en Centroamérica. En 2010, según el Índice de Desigualdad de Género, fue el país más igualitario de América Latina y el PNUD destacó que está entre los pocos que han alcanzado un desarrollo humano mucho más alto que otros países de su mismo nivel de ingreso.
Se le considera el país más democrático de Latinoamérica según la Fundación Adenauer, por la alta participación de mujeres en cargos de elección popular, la abundante participación de partidos en el Congreso y la eficiencia y cobertura en los servicios de salud y educación. En América Latina y el Caribe, exhibe el menor déficit habitacional, según el BID; y según Latín Security índice, es el país más seguro de Latinoamérica. En 2014, se ubicó en el primer lugar de América Latina en el Índice de Progreso Social y el sistema de salud del país está entre los cinco mejores del mundo según International Living.
Pero, ¿hay algún problema en el paraíso? Alrededor del año 2000 la entonces Defensora de los Habitantes, presentó ante la Sala IV, (de lo Constitucional), una acción legal contra “privilegios odiosos (financiados con fondos públicos)”, señalándolos también de irrazonables y desproporcionados que se observaban en RECOPE, que fuese considerada por la Revista América Economía como la mayor empresa de Centroamérica, que arrojó pérdidas por más de $24 millones durante los primeros 9 meses de 2015, pese a que sus precios son los más altos de la región.
Se impugnaban los privilegios que gozan empleados de la refinería estatal, que obligan a gastos millonarios, con independencia del resultado de la gestión institucional.
El año anterior, desde la Asamblea Legislativa de ese país, se denunciaba que de los 1.828 funcionarios, 1.043 tenían un salario superior al millón de colones, (unos 1,800 dólares) lo que representaba al 57 % de la planilla.
También, para cumplir las prestaciones se desembolsaron 21 mil millones de colones, en el 2012, y 25 mil millones, en 2013.
El tema sigue vigente ya que el análisis de especialistas, hace apenas unos días indicaba: “Crónica de una debacle fiscal anunciada: Gobierno central, sindicatos estatales, directivos de empresas públicas, diputados, jueces supremos, todos aprietan el abrazo mortal de los privilegios mientras arrastran a Costa Rica hacia el precipicio”.
El pleno funcionamiento democrático de esa nación ejemplar, propicia que se ventilen estos asuntos y por otro, que puedan resolverse para beneficio del país, aplicando los principios éticos y democráticos que le son propios.
En cualquier país del mundo, mientras persista la pobreza, las carencias sociales, déficits, etc., los servidores públicos deberían ser austeros y probos, devengando salarios solidarios que les aporte lo que dignamente necesitan y priorizar el uso de los recursos en apoyar a los desfavorecidos y resolver los graves problemas del momento.
