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@LauraCoLatino
A seis meses de presentar un recurso de nulidad de la Ley de Amnistía ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, find miembros de la Comisión Pro Memoria Histórica exigieron nuevamente una pronta respuesta a su petición en el marco al día internacional de la verdad.
Aunque la Sala justificó la prórroga de una resolución por las eventuales elecciones presidenciales, la Comisión recordó al sistema de Justicia, no seguirse amparando en una Ley de Amnistía que “entorpece” la judicialización de violaciones a derechos de lesa humanidad.
“Queremos que se de una pronta respuesta a los casos de masacres y desapariciones forzadas presentados, puesto que estos crímenes no son amnistiables”, indicó el documento oficial presentado esta mañana por la Comisión.
Guadalupe Mejía, Coordinadora de Pro Memoria Histórica, en este sentido, hizo un llamado al Gobierno electo para ejecutar la Política de Reparación, aprobada el año pasado, como una iniciativa del Presidente Mauricio Funes.
“Queremos reparación e indemnización para todas las víctimas de graves violaciones a sus derechos en el Conflicto Armado por parte del Estado”, dijo la coordinadora.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha solicitado al Gobierno Salvadoreño la judicialización de algunos casos de violación a derechos Humanos durante el conflicto armado.
Sin embargo, la ley de amnistía ha sido catalogada como un obstáculo para que los Estados cumplan con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves delitos, entre estos, actuales funcionarios públicos.
La representante de la Mesa de trabajo de organizaciones de derechos Humanos, Marina Ortiz, alega que la Ley de Amnistía de 1993 viola media docena de artículos de la Constitución.
“No es posible que haya otras leyes como el Código Penal que cataloga ciertos delitos como judicializables y que, aunque sean los mismos cometidos en el Conflicto Armado, no puedan ser castigados”, lamenta.
En tanto, Pro Memoria Histórica exigió también al Estado Salvadoreño la apertura de los expedientes de la Fuerza Armada, donde, aseguran, se encuentran los paraderos y los detalles de algunas desapariciones y asesinatos durante la guerra.
“La idea es que se anule para que se pueda aplicar la justicia como corresponde. Creemos que juntos podemos avanzar”, apuntó Ortiz.
Junto a la Comisión de Pro Memoria Histórica, otras ocho organizaciones están aglomeradas en un mesa de trabajo para solicitar, entre otras cosas, el reconocimiento, cada 30 de agosto, del “Día Nacional de la Víctimas de Desaparición Forzada”.
