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Diana Carolina Castro
La configuración actual de la Asamblea Legislativa le ha permitido al bloque de diputados de derecha de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, excluir del debate y desplazar la propuesta de Ley General de Agua, del Arzobispado y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). El punto medular de la discusión es la conformación del ente rector, donde estos actores han expresado que debe prevalecer la gestión pública, más que privada, de este recurso vital; planteamiento que tiene a su base el considerar que el agua es un derecho humano y no una mercancía.
La historia económica y social de nuestro país se ha configurado por una serie de acontecimientos y medidas de políticas públicas, entre ellas las privatizaciones. Desde 1990, diversas actividades económicas estratégicas fueron privatizadas: las pensiones, las telecomunicaciones, la electricidad y la banca. Muchas consecuencias e impactos están actualmente presentes en cuanto a la calidad de los servicios, precios y tarifas, el acceso económico y físico, inclusive en las finanzas públicas. Ideológicamente, estas medidas tienen a su base el considerar al sector empresarial como el agente más eficiente y más eficaz para administrar los bienes y servicios. En realidad, ni el Estado ni el sector empresarial son eficientes y eficaces por naturaleza. La exclusión de sectores representativos de la sociedad en la toma de decisiones de políticas públicas es perjudicial y nocivo, inclusive para el avance democrático de nuestro país.
En esta controversia, es oportuno recordar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresó que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, considerado como un bien social y cultural y no un bien únicamente de carácter económico, ya que es indispensable para la vida. En ese contexto, el Estado debe asegurar que dicho servicio esté al alcance de todos, sin que exista privación por no tener capacidad de pago y otras limitantes.
En la misma línea, las Directrices de las Naciones Unidas para la protección al consumidor, del 2015, establecen que se debe fomentar el consumo sostenible desde todas las esferas de la sociedad, entre ellos en cuanto al agua. Así, los Estados miembros deben promover y aplicar políticas de consumo sostenible, formuladas en amplia consulta de los sectores sociales. También, las Directrices señalan que: “Los Estados miembros deben formular, mantener o fortalecer políticas nacionales para mejorar el abastecimiento, la distribución y la calidad del agua potable (…). Los Estados miembros deben atribuir un alto grado de prioridad a la formulación y aplicación de políticas y programas relacionados con los usos múltiples del agua, teniendo en cuenta que el agua es muy importante para el desarrollo sostenible en general y que es un recurso finito”.
En este marco, el sector privado también está llamado, por la comunidad internacional, a contribuir al respeto de los recursos hídricos de los países. Las empresas también son consumidoras de agua en sus procesos productivos y en algunos casos son comercializadores de la misma; por lo que es importante que el Estado y la institucionalidad sean los garantes de que la población goce a plenitud del derecho al agua.
La dinámica Legislativa que se ha desarrollado en esta temática nos indica que nos estamos aproximando a un nuevo error histórico: privatizar el agua.
A mi juicio, solo un factor podría evitarlo: una fuerte cohesión social, sectores unidos para incidir: sindicatos, sectores estudiantiles, organizaciones, movimientos sociales, la academia, sectores religiosos, y todos los que se sumen a evitar este nuevo error que pondría en riesgo el bienestar de nuestra población. La experiencia nos ha demostrado que, aunque sea por fines electorales, la presión social ha generado que los parlamentarios rompan sus paradigmas y cambien su tradicional votación; es momento de alzar la voz y evitar la privatización de nuestra agua.
