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@arpassv
La Asamblea Legislativa es -junto a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía- la institución que más deudas dejó durante el año que recién terminó. Esas deudas deberían ser, por tanto, las prioridades de su gestión en el 2017.
Las primeras prioridades están en el ámbito económico, específicamente en en el tributario y previsional: la Asamblea debe aprobar medidas que contribuyan a la solución del crisis fiscal, para resolver la falta de liquidez de las finanzas estatales.
En tal sentido, debe aprobar la reforma de pensiones propuesta por el Ejecutivo para evitar más endeudamiento público y medidas que ayuden a combatir más eficientemente la evasión tributaria, entre éstas el proyecto de Ley de Cobro Coactivo y las reformas al Código Penal que castiguen con penas de cárcel a los evasores de impuestos.
Otras prioridades se refieren a la problemática ambiental: urgen medidas para revertir el grave deterioro ambiental del país, sobre todo de los recursos hídricos. Por tanto, los diputados deben ratificar la reforma constitucional que reconoce como derechos humanos el agua y la alimentación y, en esta lógica, acelerar la aprobación de los proyectos de ley de Agua y de Soberanía Alimentaria.
En este mismo ámbito, deben ser prioritarias la aprobación de la ley prohibitiva de la minería metálica y retomar la prohibición de los agrotóxicos, iniciativas que han sido bloqueadas sistemáticamente por la derecha parlamentaria, principalmente por ARENA.
El partido oligárquico también ha bloqueado la aprobación de las reformas tributarias y previsional, así como también las propuestas de ley de Agua y de Soberanía Alimentaria.
En el ámbito social, urge retomar la propuesta de despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. Es vergonzoso que la Fiscalía y el Sistema Judicial sigan enjuiciando y condenando como asesinas a mujeres pobres que sufren abortos accidentales por falta de educación, problemas de salud o fallas en el requerido control prenatal.
Sin embargo, el fundamentalismo hipócrita de los sectores conservadores domina en la mayoría de grupos parlamentarios.
Y también en lo social, la Asamblea debe apoyar las políticas de seguridad pública que impulsa el Ejecutivo aprobando las reformas legales y el financiamiento necesario.
Ojalá, pues, que los grupos parlamentarios asuman su responsabilidad de legislar para resolver los problemas de país y no para hacer valer sus intereses particulares o de los grupos de poder. Las organizaciones progresistas, sectores democráticos y toda la población honrada, deben presionar para que así sea.
