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Por Henry Morales Arana/Edgar Calderón
Ciudad de Guatemala/AFP
La posible petición del gobierno de Guatemala a la ONU para remover al exmagistrado colombiano Iván Velásquez como jefe de una misión contra la corrupción ensombrece el panorama político y amenaza con desatar una crisis por el amplio rechazo que provoca.
El gobierno del presidente Jimmy Morales no confirma ni niega que quiera deshacerse de Velásquez, el exjuez colombiano que desde 2013 dirige la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de la ONU que apoya la depuración de la justicia y la desarticulación de mafias incrustadas en el Estado.
Sin embargo, el tema ha estado en el centro de los debates en la prensa y círculos políticos por el viaje de Morales a Nueva York para reunirse el viernes con el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres.
Velásquez fue clave cuando una investigación de la fiscalía y la Cicig revelaron en 2015 una red de defraudación fiscal en las aduanas, un caso que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez, actualmente detenido, señalado como cabecilla del esquema de corrupción.
El miércoles, el vocero presidencial Heinz Heimman evitó aclarar si la salida de Velásquez será parte de la agenda en la sorpresiva reunión entre Guterres y Morales, quien llegó a la presidencia liderando una campaña anticorrupción.
Heimman evadió las preguntas al respecto e indicó que la audiencia en la ONU será para presentar un nuevo modelo de seguridad y justicia en el que la Cicig refuerce la labor contra el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas.
Alarma encendida
Luego, el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales dijo a periodistas que la intención de expulsar a Velásquez no será abordada en la cita, pero varios actores mantienen la expectativa al desenlace de la reunión, incluido el comisionado.
Velásquez declaró este jueves en conferencia de prensa que esperará el resultado de la reunión para pronunciarse sobre la posible intención gubernamental de pedir su salida de la CICIG.
«El desarrollo de los acontecimientos determinará cuáles son los pronunciamientos que yo deba hacer, y tengan la absoluta seguridad de que al concluir esta situación en la que nos encontramos ahora, tendrán las respuestas que ustedes quieren obtener», expresó.
Afirmó que «mientras esté al frente de la comisión, actuaré con absoluta responsabilidad, con convicción».
Medios locales y analistas han señalado que el presidente pretende la destitución del jurista colombiano para frenar una investigación sobre el posible financiamiento ilícito de su campaña electoral.
El partido FCN-Nación, de Morales, enfrenta un proceso de investigación por posible financiamiento electoral ilegal, indicó Aldana.
«El financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca», apuntó el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que apoya algunas investigaciones de la fiscalía.
Morales, que ganó la presidencia en 2015 bajo el lema «ni corrupto ni ladrón», prometió extender hasta el 2021 el mandato de la CICIG, que se renueva cada dos años y el actual termina en 2019.
Pero las versiones sobre la posible expulsión de Velásquez llevaron a la fiscal general, Thelma Aldana, a amenazar con renunciar a su cargo si Velásquez es removido. La fiscalía y la Cicig han estado en el centro de la inédita lucha que desde 2015 libra Guatemala contra la corrupción.
Aldana mencionó que la labor conjunta con la Cicig ha golpeado estructuras criminales que ahora buscan el retiro de Velásquez.
La posibilidad de que Morales pida a Guterres la remoción de Velásquez también provocó la reacción de Estados Unidos, Canadá, Suecia, Reino Unido y la Unión Europea, países cooperantes de la Cicig.
«Expresamos nuestro firme apoyo a la CICIG bajo el comisionado Iván Velásquez. Reconocemos las contribuciones de la comisión a la lucha contra la corrupción y sus avances con el apoyo de la administración del presidente Morales», precisó en un comunicado la embajada estadounidense.
#IvánSeQueda
También la secretaría general de la ONU, por medio del vocero Stéphane Dujarric, expresó el respaldo a Velásquez y señaló que no ha recibido ninguna «queja» sobre la labor del exmagistrado.
La cúpula empresarial de Guatemala también manifestó su apoyo a la CICIG.
Asimismo, las redes sociales explotaron sobre la posibilidad de la expulsión y, bajo la etiqueta #IvánSeQueda, varios grupos han llamado a protestar la noche del jueves y la tarde del sábado en el centro de la capital.
La convocatoria hace recordar las masivas protestas callejeras que antecedieron a la caída de Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos acumulan en prisión otros procesos por corrupción destapados por la fiscalía y la CICIG.
