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La Constitución es clara cuando establece, en el artículo 1, que: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.” En dicho artículo hay dos elementos que dan fundamento legal para afirmar que el Estado, desde cualquier punto constitucional que se quiera ver, es laico:
Primero. Se reconoce como “origen y fin” de la actividad del Estado a la persona humana, o sea que hay una actividad fundante del Estado, humana y no divina; diferente a la época medieval donde las leyes provenían de Dios, según opinión e imposición de los clérigos, y eran dictadas por la iglesia católica que tenía el poder político (el cual mantenía por tradición) y el máximo poder político lo centralizaban los jerarcas de la religión católica.
Segundo. El Estado está comprometido a “asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad,…” la que no sería posible si la institución pública que representa a toda la población estuviera comprometida con una religión en especial, dicha situación real y simbólicamente favorecería a esa creencia y a sus seguidores, lo que violaría no solo la libertad de las personas de otras creencias o de ninguna, sino también el principio de igualdad que, de igual valor que la libertad, también es fundamento constitucional. La libertad es un valor y un principio que está presente en la construcción de la laicidad, de igual manera está presente en los Estados que se asumen como democráticos, tal es el caso de El Salvador.
(Información tomada de la investigación “Garantías de la legislación salvadoreña que inciden en el carácter laico del Estado”, realizada por Fidelina Martínez Castro –integrante del MCL–, publicada en el año 2010).
