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Gloria Silvia Orellana
@SilviaOrellana
“ La empresa urbanizadora Fénix inició su trabajo de construcción en un terreno que contiene un sitio arqueológico. Lo grave es que la inicia sin contar con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y con una orden de suspensión de la obra, emitida por la Dirección de Patrimonio Cultural”, explicó Salvador Recinos, de la Mesa de Sunstentabilidad de los Territorios de Sonsonate y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Sobre el proyecto urbanístico “Acrópolis Sonsonate/Las Victorias” y el sitio arqueológico “Tacuscalco”, los denunciantes afirmaron que esa obra urbanística genera riesgo de las comunidades del Río Ceniza, La Huistera y colonia Regalado. Así también, en el cantón Conacaste Herrado y las comunidades La Vega Norte y Sur, La Bolsona y La Bolsita, Las Ilusiones. Y del cantón El Edén y la colonia Arturo Armando Molina.
Nicolás Sánchez, del Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco, Sonsonate, consideró que la afectación en la zona arqueológica era grave y en muchos casos “irreversibles”, del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
“Tacuscalco es considerado patrimonio cultural nacional, declarado desde 1997. Y considerado un sitio ancestral por la población indígena del departamento de Sonsonate, es por eso que queremos que las autoridades judiciales fallen en favor de nuestro derecho a la identidad, estableciendo y que den cumplimiento a medidas cautelares, para frenar el proyecto urbanístico”, acotó.
Mientras, la arquitecta Irma Flores, directora nacional de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, calificó al sitio arqueológico Tacuscalco de trascendencia histórica que cubre la edad prehispánica y como punto de contacto con la llegada de los españoles al país.
“Es sabido que en el lugar de Tacuscalco fue la famosa batalla entre Pedro de Alvarado y la población indígena. Es un sitio cargado de historia y de eventos del proceso relacionados con la vida que se dio en la zona. Y en la parte monticular que fue declarada bien cultural en 1997, pero no sabemos por qué las autoridades (de esos años) no delimitaron bien la zona, pero al darnos cuenta por denuncia ciudadana de la construcción de esta obra (urbanística) que pone en riesgo el sitio, es que nos abocamos a la ley, pero la empresa no las ha acatado y eso es preocupante”, indicó.
Luis González, abogado de la UNES, explicó que un “bien jurídico protegido”, en este caso es la cultura, sobre el derecho a comercializar o mercantilizar viviendas, y este concepto tendría que definir la Sala de lo Contencioso Administrativo de llegar la empresa constructora a demandar un amparo, de considerarse afectados, ante la Corte Suprema de Justicia.
“Hacemos un llamado a los y las magistradas a dictaminar su sentencia, por la lucha al derecho a la vida, la integridad, la salud de la población y el derecho a la cultura. Y también estamos hablando de afectación ambiental que está vinculado a la integridad de la vida y salud, entonces bajo esa lógica este tipo de proyectos no deben permitirse, porque vienen a afectar a poblaciones ya vulnerables”, sostuvo.
Jorge Arriola de la Asociación Agropecuaria de Nahuilingo El Pescadito de Oro, a la que se sumaron más de 65 socios de agricultores, mencionó que estos utilizan como fuente de abastecimiento las aguas del río Ceniza, las labores de agricultura y usos domésticos, preparación de alimentos y aseo personal.
“Este proyecto urbanístico en específico va afectar la principal fuente de agua del río Ceniza, porque ahí van a ir a parar las aguas residuales de 726 viviendas y un centro comercial. Lo que hemos visto de esta empresa y del alcalde de Nahuilingo, que no han presentado ningún documento legal para esa obra, lo único que nos va a traer es contaminación con ese derramamiento de esas aguas servidas. Sabemos que el río Ceniza está siendo contaminado por unas colonias que están arriba de la zona y por la Compañía Azucarera, entonces el río morirá para todos”, subrayó.
La urbanización Fénix continúa con la construcción de la urbanización Acrópolis, “pese al reparo judicial del Juzgado Ambiental de Santa Ana, la falta de permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y las órdenes de suspensión de obra giradas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia.
